El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó hoy un acuerdo para investigar las fallas en la asistencia médica a los pacientes renales en los hospitales después de recibir este jueves en la Cámara a varios afectados que aseguran que no cuentan con terapias o materiales médicos. EFE
El acuerdo establece que la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional (Parlamento) investigue, “conjuntamente con pacientes y familiares, especialistas en el área, sociedades médicas científicas y la Asociación Venezolana de Unidades de Diálisis”, la situación que presentan las unidades de atención a los que sufren afecciones renales.
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También será investigado el Programa de Trasplante Renal del Estado pues, según lo señalado en el acuerdo, “en Venezuela solo se están realizando 10 trasplantes anuales siendo la tasa más baja del mundo cuando hasta hace 5 años se realizaban 70 trasplantes”.
En el documento aprobado también se exhorta al Gobierno de Nicolás Maduro “a que garantice de manera inmediata a los pacientes renales su tratamiento de terapias sustitutivas como lo establece la Constitución”.
También se hace un “llamado urgente” a todas las instituciones públicas y privadas de la salud, así como “a las de carácter internacional, a los gremios y profesionales de salud de diferentes países para dar a conocer la tragedia que viven los enfermos renales en Venezuela y la grave crisis que atraviesa el sector”.
La sesión parlamentaria de hoy contó con la presencia de la paciente renal Maricruz Piñango que comentó que en los cinco años que tiene recibiendo tratamiento de diálisis ha visto morir hasta a 15 personas anuales por falta de medicamentos y de materiales para aplicar la terapia.
“Tienen que hacer un control más excesivo, hemos ido al Seguro Social y a la Defensoría del Pueblo y ha sido en vano, nadie nos escucha, nadie nos presta atención, somos un cero más a la izquierda, de verdad espero que este clamor sea expresivo”, dijo.
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La diputada María Teresa Pérez señaló que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), “que es el ente que asume la dotación de insumos (materiales) a las unidades de diálisis, tanto públicas como privadas, hospitalarias y extrahospitalarias, dejó desde el año pasado de aportar los insumos que se necesitan”.
La Cámara aprobó el año pasado una “Ley especial para atender la crisis humanitaria en salud” que fue declarada poco después “inconstitucional” por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que mantiene bajo el estatus de desacato al Legislativo por el incumplimiento de varias sentencias.
Al aprobar dicha ley, la oposición parlamentaria argumentó que en el país faltan 872 medicamentos y describió el severo deterioro de las instalaciones hospitalarias, mientras que la bancada chavista criticó la norma por considerar que hablar de “crisis humanitaria” invita a una “posible intervención extranjera”.
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