El exdirector de inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, se mostró dispuesto a viajar a ese país para aclarar su situación si le suspenden una orden de captura en su contra. AFP
“Confirmo mi firme decisión de trasladarme a Estados Unidos para prestar declaración siempre y cuando se me garantice la inmunidad de jurisdicción, el regreso a mi país y se levante previamente la orden de detención emitida en mi contra”, señaló el ahora parlamentario oficialista en un comunicado que difundió en sus redes sociales.
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Carvajal es el primero de una decena de funcionarios o antiguos colaboradores del gobierno venezolano sindicados por Washington de mantener nexos con el tráfico de drogas que se muestra abierto a comparecer ante la justicia estadounidense.
El funcionario fue detenido en Aruba el 23 de julio de 2014 por pedido de Estados Unidos, que lo acusa de colaborar con el narcotráfico y la guerrilla colombiana FARC cuando fue jefe de inteligencia del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Entonces se desempeñaba como cónsul en la isla caribeña. Debido a su inmunidad diplomática, fue liberado cuatro días después y retornó a Venezuela.
Carvajal exigió al Departamento del Tesoro estadounidense que lo excluya de su lista de colaboradores del narcotráfico, alegando que la acusación “es inconsistente y carente de todo sustrato probatorio”.
Además, anunció que pondrá a disposición de autoridades venezolanas y norteamericanas “los datos, informaciones y documentos de los que disponga”.
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El pasado 13 de febrero, el Departamento del Tesoro sancionó al vicepresidente Tareck El Aissami por supuestamente facilitar, proteger y supervisar el envío de droga a México y Estados Unidos cuando fue ministro de Interior y gobernador del estado de Aragua (2008-2017).
En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, publicada el miércoles, El Aissami rechazó la medida como infundada y violatoria de sus derechos.
En agosto 2016, el ministro de Interior, general Néstor Reverol, fue imputado en ausencia por la fiscalía federal del distrito este de Nueva York por pagos recibidos de narcotraficantes para ayudar a ingresar cocaína a territorio estadounidense entre 2008 y 2010.
Reverol dirigió la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). El gobierno del presidente Nicolás Maduro considera esos casos como “una agresión” para justificar una intervención estadounidense en Venezuela, con apoyo de la oposición local.
