Hillel Neuer, director ejecutivo de la ONG UN Watch, condenó el uso desmedido de la fuerza pública por el gobierno venezolano en el control de manifestaciones pacíficas, y se refirió en particular al envío de escuadrones militares que asedian durante horas zonas residenciales.
Maru Morales/El Nacional
“No hay razón por la cual Venezuela no pueda permitir las protestas contra el gobierno y contra sus políticas. Aun si las protestas violan la ley, hay maneras de responder conforme con la ley internacional. Esa acción de enviar escuadrones militares a zonas residenciales y atacar civiles es absolutamente ilegal bajo la ley internacional”, dijo.
Como se recordará, en las tres últimas semanas, zonas residenciales de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y Valencia, entre otras, han sido sometidas a ataques con gases lacrimógenos durante horas, lo que ha causado asfixia y angustia a las personas, y provocado incendios y otros daños a la propiedad privada.
El director de la ONG con sede en Ginebra sostuvo que el gobierno “responde de manera extrema” al emplear los gases lacrimógenos, balas de goma y otras armas como primera respuesta a las protestas. Enfatizó que el uso de este tipo de violencia debería ser el último recurso, solo en caso de que la protesta se torne agresiva.
“Todo lo que vemos muestra que el gobierno venezolano está usando estas medidas violentas contra protestas pacíficas y que es su primera respuesta, lo cual es completamente injustificado y es una violación de la ley internacional de derechos humanos. Si la protesta no viola ninguna ley, los gobiernos no pueden tratar de dispersar a los manifestantes”, agregó.
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En una entrevista vía email, Neuer le recordó al gobierno venezolano que como signatario de convenios internacionales y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU está obligado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos.
“La respuesta del gobierno venezolano a las protestas pacíficas de civiles tiene todos los signos de violación del derecho a la reunión pública, que está garantizado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por otros tratados de los cuales Venezuela es parte. Cada individuo, cada hombre y cada mujer en Venezuela tiene el derecho a la protesta pacífica y el gobierno está obligado a garantizarlo. Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene una obligación adicional de elevar a los más altos estándares la protección de los derechos humanos”, dijo el director de UN Watch, ONG de carácter consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
