José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la ONG Human Rigths Watch (HRW) , consideró que la medida del gobierno para juzgar a civiles con justicia militar, reconocida por Nicolás Maduro como política, “es una barbaridad”. Asimismo, indicó que no es normal que se haya tomado la decisión luego de que la Fiscal General decidiera reconocer la violencia en las calles por parte de los funcionarios de seguridad nacionales. VAD
“Es una barbaridad. Resulta curioso que justo después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó al gobierno y cuestionó que los partes de detención de la GNB no están bien hechos, el presidente Nicolás Maduro ordene que civiles sean procesados ante la justicia militar, donde controla a fiscales y jueces”.
Vivanco hizo referencia a la intervención de Luisa Ortega Díaz cuando relató, el pasado 26 de abril, que 38 personas detenidas en Nueva Esparta por la GNB fueron puestas en libertad a petición de la Fiscalía, en tanto que no había un acta policial que explicara las “condiciones de modo, fecha y lugar en que esas personas incurrieron en delito”.
En ese orden de ideas, el director opinó que la decisión de activar la justicia militar contra civiles “pareciera una maniobra burda para controlar el resultado de los procesos que, por lo demás, van en contra de los estándares básicos internacionales de derechos humanos”.
Ignoran derechos
De acuerdo a lo que reporta El Nacional, Vivanco indicó que es inaceptable la violencia y la represión durante cualquier manifestación o protesta pacífica, por lo que rechazó y condenó las acciones inhumanas y agresivas de la GNB y la PNB, pues estas son absolutamente opuestas al derecho internacional de los derechos humanos.
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“La represión del disenso, por medio de la brutalidad policial y disparos indiscriminados de gases lacrimógenas, de detenciones arbitrarias y de abusos contra los detenidos, es propio de un régimen autoritario que se aferra al poder ignorando los derechos básicos de sus ciudadanos, incluso el de la libertad de expresión, pero también el derecho a la vida y la integridad física”.
También abordó el tema de los civiles armados, mejor conocidos como “colectivos”, cuya actuación considera agravante de la situación. “La existencia de colectivos armados que operan impunemente junto con las fuerzas de seguridad, cometiendo abusos contra los manifestantes, y los incidentes de uso indiscriminado de gases que afectaron a viviendas, e incluso centros de salud, son hechos muy graves que van contra un principio básico internacional que indica que el uso de la fuerza en el control de manifestaciones públicas debe ser proporcional”.
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“Un factor que agrava la situación en Venezuela, en particular, es que estos abusos ocurren con total impunidad porque no hay instituciones públicas en pie que logren actuar como un freno al Poder Ejecutivo”, concluyó.
Fuente: El Nacional
