Han sido miles los venezolanos que han sido detenidos en las recientes semanas durante las protestas opositoras, que se han visto fuertemente reprimidas por el gobierno de Nicolás Maduro.
Daniela Martin/Venezuela al Día
La mayoría de estas detenciones, denunciadas y atendidas por el Foro Penal Venezolano se han aplicado contra jóvenes menores de 30 años de edad, quienes son además víctimas de un retraso procesal judicial, de forma colectiva.
Familiares de los cientos de detenidos han informado que los Tribunales de Control -abarrotados de estudiantes-, aplican audiencias de presentaciones masivas de entre 20 y 60 a la vez.
Al no encontrarse evidencias que prueben la “línea terrorista” por la cual se les acusa, los tribunales de control inician el procedimiento para su excarcelación, no sin antes solicitar mediadores ajenos a la familia del acusado.
Luego de que los familiares y amigos de los detenidos logran cumplir con los requisitos interpuestos por los jueces, comienzan a atravesar un sinfín de obstáculos que impiden que la pesadilla termine de una vez por todas.
El caso de Fernando Caballero Gálvez, estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) es uno de estos tantos casos, en los que la lucha contra la burocracia procesal se ha convertido en bandera.
Al menos 50 civiles fueron encarcelados por orden de tribunales militareshttps://t.co/tsd1ywv2a6 pic.twitter.com/MJhnlz9HDx
— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) 11 de mayo de 2017
El joven detenido desde el 6 de abril, aún permanece en la división antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la avenida Urdaneta, pese a haberse demostrado su inocencia.
Su caso, así como el de otros jóvenes presentados en abril ante el Tribunal 23 de Control se ha visto retrasado luego de que la juez Eilin Valdez pidiera la renuncia, para días más tarde regresar a su puesto.
La lista de militares venezolanos que enjuician ilegalmente a estudiantes
Ello, junto a los feriados dados por el gobierno en Semana Santa y otros días festivos en el país, detienen el debido proceso para la libertad plena o condicional que les fue dictada.
La Fiscalía, por su parte, ha exigido la liberación de manifestantes detenidos al denunciar irregularidades en algunas detenciones, en las que ha solicitado la nulidad por carecer de sustento.
La aprehensión de manifestantes por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, se han aplicado sin conocer siquiera las razones por las que se detienen.
Sin embargo, los tribunales ignoran el pedido del Ministerio Público mientras los calabozos del Cicpc se mantienen repletos de jóvenes estudiantes, quienes esperan por su boleta de excarcelación en medio de una nueva guerra de Poderes.
Justicia militar sin funciona
Por otra parte, mientras se dan estos retrasos en la justicia civil, se aplican procesos express en la justicia militar contra civiles, lo que se torna grave.
En Valencia, se ha denunciado el posible traslado de 200 manifestantes a Tribunales Militares donde podrían ser juzgados por los delitos de terrorismo y rebelión.
También, dos menores de edad en el estado Zulia, serán presentados ante los Tribunales Militares por haber atacado una estatua del fallecido Hugo Chávez.
Se tratan de procedimientos ilegales que violan garantías constitucionales y que solo abren más grietas a la ruptura del orden democrático en Venezuela, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
