La aproximación a la grave crisis de gobernabilidad en Venezuela es distinta para los factores políticos del oficialismo y la oposición. El gobierno de Nicolás Maduro la entiende como un “golpe de estado” convocado desde Washington. Mientras que la oposición la concibe como una violación del orden democrático por parte del oficialismo.
El ajuste económico establecido por el gobierno de Maduro desde el año 2015 -el recorte de las importaciones de bienes y servicios- para cumplir con el servicio de la deuda externa, y la ejecución del Plan de la Patria desde 2013 han dejado a la nación venezolana devastada, con hambre y desesperación. A tal punto que un fuerte componente de las protestas callejeras desde el pasado 19 de abril es la insatisfacción de las necesidades básicas de la población, causadas por la escasez de alimentos y medicinas, y el alto costo de la vida.
Maduro y su equipo económico han corrido “la arruga” del déficit fiscal hasta alcanzar el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, esperando “un golpe de suerte”, el incremento del precio del petróleo a niveles de $65-$70 el barril. Mientras tanto, sigue cubriendo el déficit fiscal a través de su monetización. Lo que contribuirá a tener una inflación de 1.600% a fin de año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Mientras Maduro continúe gobernando, Venezuela seguirá siendo una economía devastada, que no produce casi nada y gasta gran parte del ingreso petrolero en el servicio de su deuda financiera. En democracia “es la economía, estúpido”.
Por ello, en las elecciones parlamentarias de 2015, el pueblo decidió (74% del electorado participó) manifestar su voluntad de cambio en la forma cómo Maduro dirige el país, al votar el 56% por los candidatos de la oposición. Una votación que permitió obtener a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 112 diputados de un total de 167.
A partir de este momento, Maduro y su gobierno se mostraron tal y con son en realidad, una dictadura. El profesor Evan Ellis en una reciente entrevista señaló que en Venezuela existe un Estado mafioso. Y “lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala: un grupo de criminales ha tomado control del Estado y asaltado su tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía”.
Ante este escenario, Maduro y su gobierno desarrollan los planes y acciones para asegurar la dictadura. El 19 de abril activó el Plan Zamora. Su implantación significa que en Venezuela existe un estado de conmoción interior. Por lo que “toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano“, deben salir en la defensa del orden interno contra el presunto plan golpista.
Ya el 30 de marzo Maduro intentaría anular la Asamblea Nacional (AN) con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una acción en la que tuvo que echar marcha atrás porque era un golpe de Estado y a sus aliados internacionales les costaba defenderlo.
Dos semanas después de haber puesto en marcha el Plan Zamora, Maduro firmó el decreto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que en medio de un estado de conmoción, Maduro llamó a redactar una nueva Carta Magna. Porque en la lógica oficialista, el régimen requiere una nueva Constitución que sustente la dictadura, en la cual el poder del dictador avasalle a los individuos. Con ese mismo raciocinio, la justicia pasa a manos de tribunales militares.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, justificó “la presentación de civiles y detenidos durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro ante tribunales militares”, alegando que “fueron capturados por atacar a miembros de la FAN”. Resulta que estos civiles “capturados” -un pueblo indignado- manifestaban para restablecer la democracia pacíficamente, mientras las Fuerzas Públicas los reprimen brutalmente.
Mientras tanto, la oposición aborda el conflicto político-social en Venezuela como una violación al Estado de Derecho, y busca restituir la democracia por la vía constitucional, a través del derecho a protestar. Las “armas” que ha utilizado están dentro de la Constitución. Internacionalmente, ha apelado a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA). El instrumento que tienen los pueblos de las Américas para defenderse de los gobiernos dictatoriales.
Esta es la lucha en Venezuela, entre consolidar la dictadura del proletariado (tipo soviets) o restaurar la democracia.
La comunidad internacional debería alzar su voz y accionar en contra del gobierno de Maduro para evitar la consolidación del Estado Mafioso a través de la dictadura. De lo contrario, Venezuela pertenecerá al grupo de Estados fallidos.
Antonio de la Cruz
Director Ejecutivo de Inter American Trends @iatrends
