Los colectivos chavistas finalmente han dejado de ser simples “movimientos sociales” para el gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad.
Daniela Martin/Venezuela al Día
Al menos, así lo hizo saber el director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Alfredo Pérez Ampueda en una confesión que se convirtió en el primer reconocimiento oficial sobre el carácter delincuencial de estos grupos armados.
“Ninguno de nosotros anda armado y cuando llegaron los vagabundos esos (colectivos), nosotros fuimos los primeros que nos colocamos adelante de ustedes (los manifestantes), garantizándoles la vida sin que tuviéramos los medios para combatirlos a ellos”, fueron las palabras de Pérez Ampueda, capturadas por los medios frente a un grupo de manifestantes en La Candelaria el pasado 10 de mayo.
El descontento del general y máximo jefe de la PNB parecía evidente. Los colectivos armados, los que habían estado siendo usados como último mecanismo de represión en las protestas opositoras pasaban a convertirse ahora en los únicos responsables de la violencia.
Las declaraciones aunque se mostraban contundentes, no terminaban de convencer. Más temprano, imágenes de civiles armados apuntando a la prensa y manifestantes frente a la mirada cómplice de la PNB, no encajaban con lo dicho por Ampueda.
Las muertes por arma de fuego
Horas después de este “anuncio” que dejaba al descubierto que los armados eran los colectivos, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol indicaba que la muerte de Miguel Castillo en Las Mercedes ese mismo día, había sido causada por el impacto de un arma de fuego.
Padre de Miguel Castillo: Yo le dije que no saliera
Las investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) descartaban la hipótesis de que la muerte del joven de 27 años haya sido por el impacto de una metra o perdigón, disparado por los efectivos de seguridad del Estado.
Lo expresado por Ampueda comenzaba a cobrar sentido. Los colectivos serían los primeros culpables de estas muertes, que al no ser atribuidas a los cuerpos de seguridad no se califican como violación de DDHH.
El desligue con los colectivos
Al restarle responsabilidad a la PNB o a la GNB de estas muertes, en las que algunas se ha presentado la hipótesis de impacto de lacrimógena –tales son los casos de Juan Pablo Pernalete y Armando Cañizales-, se crea un nuevo precedente: el desligue del gobierno con los colectivos.
De acuerdo al criminólogo, Fermín Mármol García la coordinación de los colectivos con algunos cuerpos de seguridad del Estado ha sido notoria. Sin embargo, el uso desproporcionado de varios de estos grupos durante las últimas protestas, da la señal clave de que el gobierno se encuentra debilitado y su mecanismo de defensa, si mayors accesorios, es este.
“Resulta más fácil para el gobierno explicarle a la comunidad internacional, que solo se trata de un enfrentamiento de civiles contra civiles, en lugar de explicarle las violaciones de DDHH que cometen sus efectivos de seguridad”, explica Mármol García.
De esta manera, comienza la atribución de estos hechos violentos directamente a los colectivos, quienes habían estado actuando hasta ahora a plena luz del día, sin que ello generara algún tipo de consecuencia.
Director de la PNB revela que colectivos están mejor armados
La honestidad de Ampueda, bien podría tener varias interpretaciones, pues se trata de un desesperado director de una policía nacional reconociendo la presencia de estos grupos violentos, que además han sido defendidos por el gobierno y ahora es cuando podrían comenzar a ser atacados.
