En los momentos de más alta represión, los cuerpos de seguridad del Estado, específicamente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, han lanzado alrededor de 700 bombas lacrimógenas contra manifestantes durante las protestas ciudadanas realizadas en Caracas y otras ciudades del país, según los cálculos de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano.
Juan Freitas / El Nacional
Las acciones de calle, convocadas por sectores opositores del gobierno, comenzaron el 1° de abril con las protestas en contra de las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaron de sus poderes a la Asamblea Nacional, y desde entonces el gas lacrimógeno, empleado por los cuerpos represivos del Estado, ha afectado a cientos de manifestantes y a personas ajenas a esas movilizaciones.
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Solo cuando en las protestas estén amenazados bienes, servicios y personas que no participen en el evento, los cuerpos de seguridad pueden hacer uso de los gases irritantes para disuadir. Así consta en los estándares internacionales sobre el tema. “Nosotros hemos visto que en gran parte de las manifestaciones esos parámetros no se han cumplido”, expresó.
En algunas de las manifestaciones se han registrado heridos e incluso muertes de jóvenes por impacto de bombas lacrimógenas. San Miguel señaló que los funcionarios violan el derecho a la vida y la integridad física de los manifestantes. Afirmó que estos funcionarios pueden ser sancionados por lesiones con alevosía, y se puede ordenar una medida de privativa de libertad para ellos por darse la concurrencia de varios delitos.
“Es hora de que la fiscal general de la República (Luisa Ortega Díaz) comience a abrir acusaciones penales contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, por el control indebido de manifestaciones públicas y la muerte de tantos jóvenes”, declaró.
Compras a China
Durante la gestión de Hugo Chávez se le compraban lacrimógenas a España, pero debido al uso indiscriminado de estos gases por parte de los equipos antimotines venezolanos, la nación española se negó a continuar vendiéndole estos artefactos al país, indicó San Miguel.
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Entre los años 2014 y 2015, el gobierno venezolano le compró a China una gran cantidad de equipos y sistemas antimotines destinados a la Guardia Nacional Bolivariana, con el fin de que se preparara para contener las protestas en el país; sin embargo, para finales de 2015 y durante el 2016, producto de la crisis, se redujeron las adquisiciones militares en 90%, indicó la experta.
San Miguel señaló que el Estado venezolano compra a China el sistema de armas completo en forma de combo, por lo que es difícil calcular el costo de cada bomba lacrimógena. “Los vehículos blindados, como las tanquetas o las ballenas, se pueden adquirir por unidad. Estas pueden venir con complementos que aumentan el precio como cauchos especiales, repuestos adicionales para el mantenimiento, líquidos para dispersión de las manifestaciones, entre otros”.
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