Dra. Luisa Ortega Díaz:
Como profesional que ejerce el derecho penal –guardián de la libertad de las personas– y, por ello, en contacto permanente con el Ministerio Público, hoy bajo su dirección y responsabilidad, he reclamado no pocas veces por actuaciones suyas o de sus fiscales, que he considerado no apegadas a la ley, reconociendo, a la vez, el esfuerzo y la dedicación de los honestos funcionarios de ese despacho que laboran en condiciones de absoluta limitación y sin posibilidad de dar respuesta a los requerimientos de su oficio.
Usted, por mandato de la ley, tiene a su cargo garantizar el respeto a los derechos y garantías constitucionales.
En desacuerdo con acciones de la Fiscalía en estos años, sin embargo, no puedo menos que expresarle ahora, como ciudadano y como abogado, integrante por tanto del sistema de justicia, que comparto sus más recientes declaraciones, tajantes e inequívocas, sobre la ruptura del hilo constitucional por parte de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, su exigencia de respeto al derecho de protesta y su justo reclamo por la sujeción irrestricta al debido proceso que, ni siquiera en estados de excepción, puede ser restringido.
Esta es y solo esta, puede ser la posición del Ministerio Público, de acuerdo con el mandato de nuestra Constitución, ahora objeto de la más burda y alevosa amenaza de la fraudulenta convocatoria de una “constituyente popular” que se ha propuesto arrebatarle al pueblo el poder originario para expresar su voluntad a los fines de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, lo cual, como está planteado, cercena nuestro derecho a la democracia en su verdadero sentido y alcance.
Como usted claramente lo ha percibido y se infiere de sus declaraciones, es necesario reaccionar ante tan graves intentos de desestabilización de nuestro sistema de libertades y afectación de las instituciones, incluido el Ministerio Público, marginado del ejercicio de la acción penal en su función investigadora por parte de cuerpos de seguridad militar que detienen sin orden judicial, sin flagrancia, bajo amenazas, con declaraciones de informantes anónimos, todo ello en franca violación del derecho a la libertad y al debido proceso.
Sus advertencias, ciudadana fiscal, han sido oportunas y usted, al formularlas, ha cumplido con su deber. Le corresponde actuar en consecuencia y hacer valer sus atribuciones como garante de la legalidad en un Estado de espaldas al derecho.
No basta con esos señalamientos. Tiene usted en sus manos la posibilidad de enderezar el camino y los entuertos de la justicia, intentar acciones contra los transgresores y responsables por hechos graves de violación de la Constitución y de los derechos humanos, por supuesto, con absoluto apego a las garantías legales.
Sin pretensiones retóricas, ni simples fórmulas de ocasión, por la imperiosa necesidad ciudadana de rescatar la institucionalidad y la paz pública, constituye una verdadera urgencia, para lograr que aparezcan vestigios de justicia que cierren el camino a los atajos de la violencia y de la venganza, la actuación oportuna y apegada a las normas del ejercicio del elevado cargo de servicio público que usted ejerce, en beneficio de toda la colectividad.
En estos momentos, sin más, la sociedad le solicita, ciudadana fiscal, que de nuevo le exija al Ejecutivo garantizar el derecho a la protesta; que investigue la actuación de los cuerpos policiales y de los grupos armados paramilitares; que lleve a juicio a los acusados por las lesiones o muertes alevosas que han ocurrido en la manifestaciones y marchas que han debido ser protegidas por el Estado y que reclame con la mayor firmeza, una vez más, por el atropello que implica el sometimiento de civiles a la “justicia militar”.
