Cuatro empresas vinculadas a dirigentes del Movimiento de Participación Popular MPP, que realizaron negocios con Venezuela durante el gobierno de José Mujica, fueron denunciadas en el Juzgado Especializado en Crimen Organizado por los diputados Jaime Trobo, Rodrigo Goñi y Gonzalo Mujica.
La acusación fue firmada el jueves 4 por el abogado penalista Enrique Moller y ya se encuentra a estudio del fiscal especializado, Luis Pacheco.
“Nuestra denuncia alude a lo que podemos definir como intervenciones arbitrarias y/o abusivas en el comercio exterior con Venezuela, al margen de los procedimientos de derecho público en beneficio de particulares vinculados a jerarcas de gobierno en una primera parte y a la concesión de fondos públicos en la segunda”, señala el documento al que tuvo acceso El País.
AFP
AFPLos hechos que se denuncian se produjeron a partir del 7 de abril de 2010, fecha en que se dan los primeros acuerdos en el marco de la visita realizada por el entonces presidente, José Mujica, a Venezuela. El 30 de marzo de 2011, en el marco de la visita del entonces presidente venezolano Hugo Chávez a Uruguay, ambos países firmaron siete acuerdos. Uno de ellos refería al compromiso entre la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas de Venezuela y la empresa GAU S.A. (Atlansur S.A.) por Uruguay.
Otro acuerdo se firmó entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias de Venezuela y la Asociación Civil “21 de Abril” y Envidrio de Uruguay para la asistencia técnica y acompañamiento para la producción de vidrio asociada a la construcción de viviendas en Venezuela. Firmaron el convenio Daniel Placeres —diputado por el MPP— y Ricardo Menéndez, ministro venezolano.
Los denunciantes señalan que las empresas Envidrio, Aire Fresco, Grupo Atlansur y Urutransfor participaron en negocios con empresas estatales venezolanas vinculados a la confección de productos de vidrio plano y envases, ventas de alimentos, logística portuaria y desarrollo de plantas de acopio de granos para producción alimentaria animal y en el sector eléctrico.
“En estas empresas recayó la representación en nuestro país para desarrollar dichas actividades sin que se encuentre una explicación que justifique por qué razón, en función de qué antecedentes y por qué procedimientos transparentes y competitivos fueron designadas para convenir con la contraparte estatal y monopólica venezolana”, expresa la denuncia.
Trobo, Goñi y Mujica entendieron que es indudable que jerarquizar la contraparte privada de Uruguay, al punto de incluirla como única en cualquiera de estos rubros, en la relación con entidades públicas y monopólicas en una economía centralizada, como es el caso de Venezuela, supone concederles un “beneficio incalculable” a saber por los montos que eventualmente se han manejado y se pueden manejar con aquel país.
Foto Arhcivo
La denuncia le dedica un capítulo a cada empresa:
Atlansur S.A. Esta empresa firmó dos acuerdos a principios de 2011 con entidades públicas venezolanas. Uno de ellos lo concretó con la Corporación Venezolana de Alimentos y otro con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas de Venezuela. “La pregunta evidente es saber cuál ha sido la razón o motivo por la cual el Grupo Atlansur Uruguay fir- ma dos acuerdos con distintos contratantes venezolanos y cuál es el contenido del segundo acuerdo”, expresaron los denunciantes.
Envidrio. El 30 de marzo de 2011, esta empresa firmó un convenio con el Ministerio de del Poder Popular para Ciencia Tecnología e Industrias Intermedias, para la asistencia técnica y acompañamiento de la producción de vidrio plano asociada a la construcción de viviendas en Venezuela. “Estas empresas uruguayas han sido notoriamente beneficiadas al ser designadas para hacerse cargo, como contraparte nacional, de las entidades públicas que tienen en Venezuela en forma exclusiva la importación y comercialización de bienes y servicios”, dice la denuncia.
Urutransfor S.A. Esta sociedad firmó un acuerdo con la estatal Corporación Eléctrica Nacional S.A. de Venezuela, con el propósito de reactivar las fábricas de transformadores de baja tensión que existen en el país caribeño. “Por lo que resulta necesario recordar cuáles son las empresas que obtuvieron importantes prestamos del Fondes (Fondo de Desarrollo). Y si en sí mismo determinados acuerdos y cartas de intención (con el gobierno de Venezuela) no fueron instrumentos útiles para maquillar emprendimientos absolutamente desfinanciados en su origen”, señalan los parlamentarios en su denuncia.
Aire Fresco S.A. Esta empresa concretó un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación de Venezuela para suministrar alimentos al país caribeño, con énfasis en los siguientes sectores: avícola y cereales. “Este acuerdo violenta claramente la declaratoria originaria y el acta de entendimiento del 7 de abril de 2010, firmado entre los representantes de los gobiernos de Uruguay y Venezuela, ya que es evidente la idea inicial de crear y establecer una empresa mixta binacional de carácter comercial en Venezuela. Resulta claro que absolutamente nadie reclamó tan flagrante irregular”, señala la denuncia, en alusión a que una empresa privada sustituyó al gobierno uruguayo.
Esta empresa es investigada en otro expediente de la Justicia Especializada en Crimen Organizado a raíz de una denuncia realizada por el abogado penalista Gustavo Salle.
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