“Como si estuvieran en guerra”, así han sido titulados algunos de los especiales realizados por agencias internacionales para referirse a la aplicación de la justicia militar por parte del gobierno venezolano contra manifestantes y dirigentes opositores.
Daniela Martin/Venezuela al Día
La medida que ha venido siendo implementada desde que fueron intensificadas las protestas opositoras, ha surgido luego de la posición crítica asumida por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz –figura identificada con el chavismo-, que dio un duro golpe a Nicolás Maduro.
El enfrentamiento entre el Ministerio Público, liderado por Ortega Díaz y los Tribunales que se encargan de enjuiciar a detenidos durante las manifestaciones ha obligado a Maduro a recurrir, ilegalmente, a la justicia militar.
Para el general (r), Raúl Salazar el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López debería imponer “un poco de carácter” en este tema, el cual viola las jurisdicciones de los poderes, “definidos y separados constitucionalmente”.
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“Si es miembro de la FAN debería ir a los tribunales militares, si es civil debe ir a los tribunales normales a los que le corresponde. Lo que pasa es que hay una modalidad de que cada vez que no pueden resolver los problemas se lo cargan al sector militar”, expone el exministro de Defensa, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez en los años 1999-2000.
Intimidación
Este mecanismo, que es atribuido por el Ejecutivo a la activación del Plan Zamora en resguardo de la población, se encarga de juzgar a civiles detenidos -sin ningún tipo de evidencias-, por delitos como traición a la patria, rebelión e instigación a delinquir.
Primero son sembrados y luego procesados. Es la bandera con la que trabaja el gobierno de Maduro en estos casos, que solo buscan intimidar y desmovilizar al resto de los venezolanos que ya cuentan más de 50 días en las calles.
Es así, como el enjuiciamiento de jóvenes civiles por tribunales militares, solo representa el máximo nivel de criminalización de la protesta en Venezuela.
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Se trata entonces, de una “guerra” iniciada por el propio gobierno, que revela su talante antidemocrático frente al descontento social que se convierte en mayoría y promete no descansar hasta no restituir el orden constitucional en el país.
Consecuencias
Por su parte, el abogado constitucionalista, Román Duque Corredor, quien sostiene la teoría de la justicia militar como “estrategia planificada del gobierno de represión”, indica que estas violaciones graves a derechos humanos fundamentales encuadran “en el delito de persecución de lesa humanidad”.
En ese sentido, expone que ante el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el artículo 29 de la Constitución, deberán responder desde el Comandante en Jefe de las FAN, como el ministro de Defensa y el comandante de la GNB. Incluso, comandantes de los cuarteles y prisiones militares, jueces y fiscales militares serán juzgados por estas “detenciones arbitrarias en las cuales someten a los imputados a ser presentados ante efectivos fuertemente armados”.
Organismos defensores de Derechos Humanos y hasta el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro se han pronunciado al respecto, condenando el uso de tribunales castrenses para enjuiciar a civiles como una práctica de las dictaduras latinoamericanas.
