Procuradores y fiscales generales de 12 países iberoamericanos respaldaron a la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, al expresar “preocupación” en medio de la pugna que mantiene con el gobierno de Nicolás Maduro, según un documento difundido este lunes por el Ministerio Público. AFP
Funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay expresaron “profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor” de Ortega, señala una comunicación de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP).
“Repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la fiscal”, agrega el texto.
Ortega, confesa chavista que abrió una grieta en el oficialismo entre protestas contra Maduro que dejan 66 muertos en dos meses y medio, ha sido tildada de “traidora” por altos funcionarios gubernamentales. La fiscal denunció este lunes que ella y su familia han recibido amenazas.
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Profundizando la brecha, Ortega impugnó la designación de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), realizada en diciembre de 2015. La acción se produjo después de que esa corte desestimara un recurso de nulidad que presentó contra la convocatoria de Maduro a una Asamblea Constituyente que será elegida el próximo 30 de julio.
Dirigentes chavistas como Diosdado Cabello han advertido que una de las primeras decisiones de la Constituyente, que definen como un “suprapoder”, será destituir a Ortega, a la que acusan de favorecer a manifestantes opositores involucrados en hechos de violencia.
“Rechazamos (…) cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso”, indica la AIAMP.
La oposición apoyaba el recurso de Ortega, pues rechaza la Constituyente, alegando que debió ser consultada en referendo y que el sistema para escoger sus delegados es un “fraude” del gobernante socialista para perpetrarse en el poder.
A continuación el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos:
“Los Procuradores y/o Fiscales Generales, representantes de los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay, Portugal y Uruguay, manifiestan su profunda preocupación por las declaraciones expresadas públicamente en contra de la labor del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el cual, en uso de sus facultades constitucionales y legales, se encuentra investigando los distintos hechos constitutivos de delito, suscitados durante los meses de abril, mayo y junio de 2017 en dicho país.
En ese sentido, reafirmamos lo expresado en el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) de fecha 6 de abril de 2017, y manifestamos nuestra convicción sobre el rol que deben cumplir los Ministerios Públicos para garantizar el Estado de Derecho, especialmente en momentos de convulsión social que ameritan la actuación de sus instituciones de justicia de forma oportuna, independiente y transparente para esclarecer todos los hechos que vulneren o pongan en riesgo bienes jurídicos superiores, como son la vida e integridad personal.
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Consideramos, de esta manera, fundamental que se resguarde el rol constitucional del Ministerio Público venezolano y de todos los Ministerios Públicos en la administración de justicia, especialmente en relación a la salvaguarda de los derechos y garantías del debido proceso, así como su independencia y autonomía.
Para ello, resulta imprescindible mantener irrestrictamente la titularidad del ejercicio de la acción penal en los Ministerios Públicos, como núcleo del sistema penal acusatorio adoptado tanto en Venezuela como en la mayor parte de los países iberoamericanos, cuyo modelo fortalece la vigencia del Estado de Derecho y el debido proceso.
Rechazamos de esta forma cualquier pretensión de llevar adelante reformas legales, que impidan de cualquier modo al Ministerio Público ser autónomo e independiente, y que por ende busquen afectar las investigaciones en curso.
En este sentido, repudiamos los actos de hostigamiento, presión, injerencia, amenaza de poderes, públicos o privados, así como cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria contra la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, los Fiscales y demás funcionarios que integran el Ministerio Público y expresamos nuestra solidaridad con la actuación de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, empeñada en el resguardo de la constitucionalidad y la legalidad de su país. A los 12 días del mes de Junio de 2017. “
