La crisis que vive el país parece no tener importancia para Nicolás Maduro. Donde la escasez de alimentos, la falta de producción, la escasez de insumos y medicinas ha sumido al venezolano a vivir en una nación sin calidad de vida y donde diariamente personas mueren por desnutrición o las condiciones precarias en las que se encuentran los centros hospitalarios y las farmacias donde no se consigue ni una aspirina para el dolor de cabeza.
Valentina Ájar / Venezuela al Día
A pesar del trágico panorama que vive el país, el gobierno nacional asignó vía crédito adicional Bs. 20.691.849.765 al Consejo Nacional Electoral para la realización de elecciones y/o consultas este año, según la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.299 de fecha 16 de mayo de 2017. Una cantidad de dinero que deja claro que las limitaciones financieras no eran reales excusa para posponer las elecciones de gobernadores y alcaldes, tal como lo esgrimió el CNE.
Después de 14 días de publicados los decretos presidenciales N° 2.830 y N° 2.830 en los que se realizó la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente, se asignó tal cantidad de recursos al Poder Electoral. El llamado para la próxima elección de la ANC, desde un punto de vista financiero, refleja una gran alteración al presupuesto asignado al CNE, que según el decreto de presupuesto de la Nación fue Bs. 15.576.794.550 para 2017.
Sin embargo, los recursos manejados por la institución incrementaron 163% para alcanzar los Bs. 40.900.178.373, convirtiéndose junto al Ministerio de Poder Popular del Desarrollo Minero y Ecológico, en los organismos públicos con las mayores modificaciones en sus presupuestos anuales en términos porcentuales hasta la fecha.
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Las irregularidades en la asignación de recursos van desde la misma convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual ni siquiera está establecida en la Constitución –no de la manera como el régimen la está llevando a cabo- y la cual pospone aún más el lapso establecido por ley hasta la asignación de recursos vía crédito adicional, aprobados fuera del marco legal establecido en la Carta Magna.
