La polémica en torno a las designaciones de los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que realizó la anterior Asamblea Nacional (AN) pica y se extiende. Aunque el jueves en la noche el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, pretendió ponerle fin al asunto al mostrar un acta fechada el 21 de enero de 2016, que sí tiene las firmas de él, del contralor Manuel Galindo, de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz; y de la entonces secretaría del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, y que, a su juicio, demostraría que la lista de aspirantes a integrar el máximo juzgado se aprobó por unanimidad, una de las firmantes lo niega.
Crónica.Uno logró contactar a Marcano, quien desde noviembre pasado se encuentra fuera del país junto a su familia debido a las amenazas y presiones que ha recibido precisamente por no avalar lo que considera fue un proceso irregular. Y a través de correo electrónico aclaró algunas dudas sobre lo ocurrido hace más de año y medio.
La fiscal general ha dicho que ella no avaló el proceso de selección de magistrados realizado en diciembre de 2015 porque estuvo viciado y que usted tampoco. Sin embargo, el Defensor lo niega y dice que nadie salvó el voto e incluso ha mostrado una segunda acta, fechada el 21 de enero de 2016, donde sí aparece la firma de la Fiscal y de usted. ¿Cuál es la verdad?
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—El acto de designación de los magistrados de diciembre de 2015 fue en base a la decisión unilateral del Defensor del Pueblo de remitir, en forma irregular, la lista de los 381 expedientes de los postulados. La Fiscal General no avaló eso ni yo, porque no se cumplieron los lapsos establecidos en la ley. La Ley Orgánica del Poder Ciudadano, establece que el Consejo Moral debe realizar la revisión previa de los expedientes de aspirantes a magistrados, en un lapso de 10 días continuos, tiempo durante el cual una comisión revisa los expedientes para determinar si cumplen con los requisitos de Ley: Estudios de cuarto nivel, años de graduación, ser docente en una de las universidades nacionales, no tener antecedentes ni estar inhabilitado ni cualquier otra sanción que ponga en duda su prestigio u honorabilidad.
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