El régimen insiste en su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Alega, mediante multimillonarias campañas publicitarias, que la misma será capaz de reconciliar y devolverle la paz al país. Nada más contrario a la realidad.
El malestar imperante en la sociedad venezolana es el resultado de problemas concretos provocados por políticas públicas que han pretendido imponerle a la fuerza a los venezolanos un sistema político que ya ha fracasado en el mundo.
Venezuela ha experimentado el más brutal empobrecimiento de su historia como resultado de esos intentos contrarios a nuestra idiosincrasia y que nos han transformado en uno de los países más inseguros del mundo, con la mayor inflación de todo el planeta, con un déficit fiscal inmanejable, con una criminal destrucción del aparato productivo que es responsable de la perniciosa escasez de alimentos y medicinas y de un desempleo exasperante, una caída sin precedentes de nuestro PIB (comparable con el de algunas naciones en plena guerra) y un progresivo aislamiento que nos ha cerrado las puertas al financiamiento internacional. La seguridad jurídica brilla por su ausencia y la corrupción campea por sus fueros.
Es una situación que ha puesto a nuestros ciudadanos a buscar comida en la basura y ha condenado a muchos niños a la desnutrición y a los adultos a una alarmante pérdida de peso corporal. Que ha destruido el sistema de salud que existía en el país condenando a muerte a muchos venezolanos por falta de los medicamentos más esenciales. Que ha reducido a cenizas a PDVSA, antes una de las más prósperas transnacionales petroleras del mundo y ha hipotecado a CITGO, el principal brazo comercializador de nuestro petróleo.
Y frente a toda esta tragedia el régimen, con su biblia bajo el brazo -el Capital de Carlos Marx-, no se le ocurre otra cosa que ofrecernos una dosis mucho mayor de la misma porquería con la cual han destruido a Venezuela: su versión inconstitucional de una Asamblea Nacional Constituyente.
Todas las encuestas evidencian que cerca del 85% de la población se opone; sin embargo, contra viento y marea, el régimen sigue con su proyecto dictatorial. La forma de hacerlo contradice el principio de que la soberanía reside de manera intransferible en el pueblo, tal como lo establece la Constitución.
El concepto de “voto universal, directo y secreto” implica que todo el pueblo sea consultado por igual. Sin embargo, el diseño de esta particular “constituyente” pretende concentrar la consulta en el 15% pro oficialista. Elevándolo al absurdo, es como si sólo se consultase a los miembros del PSUV. La manera de materializar esta barbaridad es mediante una convocatoria “territorial y sectorial” de la consulta.
Territorialmente, se asigna la elección de 364 constituyentes a razón de un diputado por municipio. La mayor parte corresponden a infinidad de pequeños municipios en el interior, con muy baja población (mayoritariamente en manos del oficialismo), en los cuales el voto de cada uno de sus pobladores pasaría a valer infinitamente más que el de los habitantes de municipios densamente poblados. Así por ejemplo, el Municipio Maroa en Amazonas (con unos 2.000 habitantes) elegiría un constituyente, lo mismo que el Municipio Sucre del Estado Miranda (con casi 800.000 habitantes). El voto de los pobladores de Maroa valdría unas 400 veces más que el de los habitantes de Sucre.
Casi igual ocurre con los constituyentes electos en sectores donde prevalece el voto oficialista.
La referida Constituyente es además “inconstituyente”, porque como tantas veces se ha dicho no la convoca el soberano (el Poder Primario), sino el presidente Maduro -altamente rechazado por la opinión pública- valiéndose de una interpretación amañada de la Constitución respaldada por unos magistrados de la Sala Constitucional cuya elección también fue amañada.
No está pues esta “inconstituyente” destinada a restablecer la paz en la República. Todo lo contrario, su objetivo es destruir el orden constitucional implantando un sistema socialista a imagen y semejanza del de Cuba y que la inmensa mayoría de los ciudadanos rechaza.
Lo único que se lograría sería acabar con la poca legitimidad que le queda al régimen, fortaleciendo el clamor de la Asamblea Nacional y la Fiscal General de la República de apelar a los artículos 333 y 350 de la Constitución. Desaparecerá la obligación moral de obedecer al gobernante, lo cual resulta particularmente sensible en el caso de algunos sectores. La pérdida de gobernabilidad se profundizaría.
No se trata de una Constituyente; es más bien una “inconstituyente” que nos conduciría a una ruptura del tejido social.
@josetorohardy
