Una suerte de aplanadora institucional ha ido acomodando el terreno en Venezuela a favor del chavismo gobernante de cara a las elecciones regionales que se celebrarán el 10 de diciembre y en las que la oposición espera recuperar los espacios arrebatados hace cinco años. EFE
Más de 18 millones de venezolanos están nuevamente llamados a las urnas luego de una controvertida elección, celebrada el 30 de julio, en la que se escogieron los miembros de una plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, y donde el antichavismo no participó por considerar fraudulento el proceso.
Ahora que ha sonado el pitazo para una nueva contienda los dirigentes que se oponen al Gobierno de Nicolás Maduro, al que ya ponderan como una dictadura, ven altas posibilidades de hacerse con la mayoría de las 23 plazas en disputa o de al menos aumentar sus feudos actualmente reducidos a tres.
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Por ello, y pese a voces que exigían no participar en estos comicios organizados por el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) “fraudulento”, la mayoría de los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidieron embarcarse en esta carrera en la que se vislumbran desde ya vientos adversos.
En los últimos meses, una decena de opositores, algunos potenciales candidatos a gobernadores, han sido enjuiciados, encarcelados o inhabilitados políticamente; mientras que otros se han exiliado o han ido a la clandestinidad para escapar del sistema de justicia, al que acusan de parcial e ilegítimo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República, son, respectivamente, para la mirada del antichavismo, un bufete y un verdugo al servicio de la llamada revolución bolivariana, que ahora cuenta con una todopoderosa Asamblea Constituyente.
Mientras el máximo juzgado ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas a fuertes contendientes para las regionales de diciembre, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales.
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Por otra parte, la MUD no podrá presentar el 10-D su tarjeta unitaria en siete estados del país, según el CNE, por haber sido en estas regiones donde se introdujeron demandas contra el referendo revocatorio presidencial en 2016 que, tras meses de trámites y en atención a esos recursos, el Poder Electoral decidió suspender.
Esto deja a los opositores sin la imagen de la boleta que los ha identificado en el último quinquenio y que se convirtió en la más votada de la historia nacional el 6 de diciembre de 2015, cuando el antichavismo arrasó en las elecciones legislativas y se hizo con la mayoría absoluta del Parlamento.
Además, los dirigentes opositores se enfrentan a las críticas de buena parte de sus simpatizantes que aborrecen la idea de participar en estas elecciones y demandan otras acciones contra “la dictadura” como radicalizar la oleada de protestas que inició en abril y ha dejado más de 120 muertos o aumentar la “presión internacional”.
Precisamente las decenas de manifestaciones antigubernamentales dejaron extenuada a la militancia opositora que vio frustrada su lucha en las calles al elegirse la Asamblea Constituyente, un cuerpo integrado únicamente por oficialistas y con poderes ilimitados para tomar decisiones que serán incontestables por cualquier institución.
Aunque dicho órgano ha sido tachado de dictatorial por la oposición y buena parte de la comunidad internacional sus integrantes avanzan a toda máquina con una “poderosísima” Comisión de la Verdad que en los próximos días comenzará a interpelar a quienes consideren culpables de la “violencia política”.
