Para el mundo entero en Venezuela se vive una dictadura. Eso los venezolanos lo sabíamos desde hace mucho tiempo y la comunidad internacional ya tiene una opinión clara al respecto. Sobre lo que vivimos hoy en día, que dista mucho de ser una democracia, se han expresado de manera contundente países y organizaciones internacionales de todo el planeta.
El martes 8 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, presentó al mundo las conclusiones de un trabajo que hizo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela sin poder constatarla in situ, por la negativa del Estado venezolano a autorizar la visita. Por este motivo, se desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en el país, del 6 de junio al 31 de julio. El equipo llevó a cabo aproximadamente 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscalía General. También recibió información por escrito de la oficina del defensor del pueblo.
En las conclusiones del informe final que será presentado a finales de este mes se hacen graves señalamientos de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que ponen al descubierto lo que la dictadura se encarga de negar constantemente: que somos un país forajido en materia de derechos humanos y que la represión, la tortura y la muerte se han convertido en el pan nuestro de cada día, de los cuerpos de represión del régimen que actúan con total impunidad.
En este documento, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se señala: “Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado, sin previo aviso, gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas (metras), perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes. Contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales, en muy raras ocasiones, condenaron esos incidentes. Hasta el 31 de julio, la oficina de la fiscal general había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo del Acnudh, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró”.
En el mismo documento se establece: “Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1° de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos examinados por el Acnudh hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual– a ellos y a sus familiares”.
A esta grave denuncia del más alto representante de los derechos humanos de la ONU se unió la declaración de 17 países del continente americano que se reunieron en Lima, Perú, para discutir la situación de Venezuela. Dejaron en claro su posición frente a la dictadura de Maduro mediante un acuerdo que se resume en los siguientes puntos: 1) Condenan el quiebre del orden democrático en Venezuela; 2) No reconocen ni la asamblea nacional constituyente ni los actos que emanen de ella; 3) Manifiestan su apoyo y solidaridad a la Asamblea Nacional; 4) Rechazan la violencia sistemática y la aplicación de medidas que perjudiquen las libertades del ciudadano; 5) Manifiestan su apoyo a la fiscal general y los integrantes del Ministerio Público; 6) Condenan la violación de los derechos humanos como consecuencia de la represión luego de más de 120 días de protestas; 7) Consideran que Venezuela no cumple con requisitos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; 8) Expresan su preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa la nación y hacen un llamado a la reflexión de las autoridades; 9) Reiteran su apoyo a la suspensión de Venezuela del Mercosur; 10) Mantienen firme su decisión de no apoyar candidatura venezolana en mecanismos regionales ni internacionales; 11) Hacen un llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela; 12) Solicitarán presidencia pro tempore de la Celac y consideran postergar Cumbre Celac-UE y, finalmente, 13) Se comprometen a mantener un seguimiento activo de la situación en Venezuela.
La dictadura está desenmascarada ante el mundo, solo su club de aliados que disfrutan del dinero de los venezolanos la apoyan, la comunidad internacional en su mayoría respalda el cambio en Venezuela y la salida de este régimen que tanto daño le ha hecho a nuestra patria. Soplan aires de cambio y un futuro cercano para el retorno a la democracia.
@cnietopalma
