El asunto con respecto a la negativa de la visa de la fiscal Luisa Ortega Díaz pica y se extiende. La información preliminar indicaba que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había impuesto la negativa a la funcionaria venezolana, que fue destituida por la ilegítima Asamblea Constituyente.
Adry Perdomo/ Venezuela Al Día
Muchas fueron las especulaciones en torno al hecho, pues es preciso destacar que la nación norteamericana mantiene los ánimos caldeados con Venezuela. Y esto luego que impusiera sanciones económicas al país petrolero en vista de haber roto el sistema democrático al instalar una Asamblea Constituyente de forma ilegítima e ilegal.
El pasado martes, el periodista Nelson Bocaranda afirmó que ciertamente hubo una traba para que la fiscal lograra obtener la visa, con la que podría viajar a EEUU. El periodista aseveró que la decisión de negar tal documento había sido por parte del personal consular estadounidense ubicado en Bogotá, Colombia.
“Pareciera ser que la funcionaria del consulado estadounidense en Bogotá le señaló, como obstáculo para darle la visa, el hecho que tenía congeladas todas sus cuentas en Venezuela y que entonces había el peligro que se quedara ilegalmente en suelo estadounidense como está pasando ahora”, enfatizó el periodista.
– Visa o ilegal –
Además, resulta que el oficial consular tenía presuntamente “toda la potestad” de aceptar o negar el otorgamiento de la visa a la fiscal venezolana, tras haber presentado una serie de requisitos. “Tanto el secretario general de la OEA y varios embajadores como un par de funcionarios del gobierno de Trump se quedaron esperándola”, añadió Bocaranda.
La funcionaria venezolana, quien hasta ahora no ha tenido la mínima intención de andar “ilegal”, ha denunciado en varias organizaciones internacionales las actuaciones ilegales del Gobierno venezolano. Y precisamente este viernes, se reunió con el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para detallar las violaciones de los Derechos Humanos por parte de Nicolás Maduro. Por ello, la razón de negativa habría estado de más, pues la propia fiscal legítima ha demostrado que sus únicos intereses son “restablecer la democracia y la libertad en Venezuela”.
