El Gobierno español y el Partido Socialista (PSOE, primer grupo de la oposición) han pactado la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo mes de enero, mientras se ultiman las medidas que el Consejo de Ministros aprobará mañana para restaurar la legalidad en esa región. EFE
En declaraciones a Televisión Española divulgadas en su página web, la dirigente socialista Carmen Calvo confirmó hoy la fecha de enero, que había adelantado el periódico digital diario.es.
Calvo, experta en Derecho Constitucional, encabeza la delegación del PSOE que negocia con el Ejecutivo las medidas concretas que aprobará mañana el Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
Entrevistada también en la cadena de televisión Antena 3, Calvo dijo que las medidas “evidentemente podrían afectar” a la policía regional (Mossos d’Esquadra) y la cadena autonómica de televisión TV3, además de a las cuentas públicas de Cataluña.
El fin es, argumentó, “volver a la legalidad, a la normalidad y la tranquilidad institucional” para ir “a unas elecciones” regionales.
El Gobierno decidió aplicar ese artículo de la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, avisara ayer de que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo entre las partes.
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización por mayoría absoluta y aplicación efectiva.
El pleno del Senado aprobará dentro de una semana, el viernes 27 de octubre, las medidas que el Gobierno le proponga mañana para frenar el desafío independentista de los gobernantes regionales, aseguraron hoy a Efe fuentes parlamentarias.
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España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los gobernantes independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración sin garantías el pasado 1 de octubre de un referéndum inconstitucional de autodeterminación.
El presidente catalán asumió el pasado día 10, en el Parlamento regional, el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según los datos de las autoridades de Cataluña, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por el diálogo, con mediación, con el Gobierno nacional.
El Ejecutivo, por su parte, instó a Puigdemont a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.
