La CIDH celebró este martes una conferencia de oficio, en el marco del 165 período de sesiones que se celebra en Montevideo del 23 al 27 de octubre, sobre la situación institucional de Venezuela, cuyo debate estuvo centrado en la Constituyente y sus facultades.
EFE
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el peruano Francisco Eguiguren, encabezó la sesión sobre Venezuela, a la que asistieron miembros de la sociedad civil, por un lado, y representantes del Estado, por el otro.
El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), el Centro de Justicia y Paz (Cepaj) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) fueron las organizaciones que representaron a la sociedad civil durante la conferencia.
Beatriz Borges, representante de Cepaj, resaltó durante su alocución los “hitos anti-democráticos” que han tenido lugar en Venezuela a lo largo de 2016 y lo que va de 2017, que explican cómo la “institucionalidad democrática ha sido atacada y socavada” por el Gobierno de Nicolás Maduro.
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“En Venezuela actualmente no se cumplen los elementos fundamentales y esenciales de una democracia consagrada”, apuntó ante las autoridades de la CIDH.
De esta manera, Borges señaló que la “estocada de muerte a la democracia en Venezuela” se dio con la convocatoria, instalación y el “mandato fraudulento” de la Constituyente, que inició sus labores el pasado 4 de agosto.
La instalación de dicho órgano, que asumió por decreto las funciones del Parlamento, abrió un “capítulo muy oscuro en la historia de Venezuela”, según sostuvo la representante de Cepaj, que calificó a la ANC de “inconstitucional” e “ilegal”.
Por su parte, Mariely Valdez, inspectora general de Tribunales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, defendió que en su país el Poder Judicial “goza de independencia, autonomía funcionaria, financiera y administrativa”.
Según Valdez, el Poder Judicial venezolano es eficiente en la administración de la Justicia, a pesar de los “ataques violentos que han sufrido todas sus sedes en los últimos años y la campaña mediática negativa”.
Asimismo, consideró que la Justicia venezolana ha incrementado su productividad y ha contribuido con la “paz social” y la “seguridad jurídica” que hacen a una república.
Respecto a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Valdez argumentó que este órgano se encuentra en “desacato” y que debido a su “omisión legislativa” es que la ANC asumió sus facultades, con el aval del TSJ.
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Los comisionados de la CIDH presentes en la sesión, José de Jesús Orozco Henríquez y James L. Cavallaro, plantearon a las partes, y sobre todo a los representantes del Estado venezolano, reparos respecto a la separación de poderes en Venezuela, la independencia de los jueces y las facultades de la ANC.
Los datos recabados por la CIDH en la sesión de este jueves servirán como insumo para la elaboración de un tercer informe sobre Venezuela, que se sumará a los publicados por ese organismo internacional en 2003 y 2009.
El tercer informe estará enfocado en la institucionalidad democrática, la violencia y seguridad ciudadana, la libertad de expresión y las afectaciones a los derechos humanos sociales y culturales en Venezuela.
