Un gran revuelo causó la divulgación de una demanda que interpuse por ante Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y donde, como corolario de razonamientos jurídicos y políticos, pedí que a los venezolanos se nos dotara de una cabeza visible y unificadora del sentir nacional para liderar la lucha por la libertad, que ese es uno de nuestros más graves problemas. Como iniciativa propia puse el nombre del alcalde Antonio Ledezma en aquel papel porque me pareció que califica para ello. Como era de esperarse, se armó un gran revuelo en las redes sociales, se desataron expresiones de todo tipo a favor y en contra, con lo cual se logró el objetivo que era, y es, abrir la discusión sobre la necesidad de un gobierno en el exilio, que sea Ledezma o no sea Ledezma es lo secundario, lo primordial es que nos demos ese liderazgo como una necesidad de urgente ejecución.
El tema de un gobierno en el exilio es muy importante, el país está en manos de una camarilla dictatorial de las más perversas que el mundo haya conocido, allí juegan decisivo papel las mafias del narcotráfico y del terrorismo internacional, todo sin ideología, solo los unifica el interés por llevarse hasta el último centavo de los dineros que corresponden a un pueblo que muere de hambre y de toda clase de necesidades, al punto de que por primera vez se está hablando del peculado a gran escala como delito de lesa humanidad al lado de las clásicas tipificaciones de exterminio, asesinato, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación, tortura fundados en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género.
Es sumamente difícil lograr que el pueblo se ponga de acuerdo para decidir quiénes integrarían un gobierno en el exilio, porque esas son figuras que surgen de lo imprevisto, no hay norma legal que lo contemple expresamente. Solo acudiendo al espíritu que guía los principios universales que han proclamado los derechos inmanentes al hombre por el puro hecho de serlo, como son la vida y la libertad, entre otros, puede deducirse que en defensa de ellos ha de hacerse cuanto sea necesario más allá de la letra normativa, esto puede percibirse como ser vivo que palpita en el artículo 333 constitucional: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.
No hay una ley que regule cómo ejecutar el mandato restablecedor consagrado en el texto constitucional; es cosa de nosotros buscarlo como se busca caminar cuando se está gateando, como se busca hablar cuando se balbucea en el regazo amamantador de la madre. Hay que inventar, y hay que hacerlo ya, están matando a la gente. Si tuviera mando militar levantaría una rebelión, pero solo soy un abogado y como tal escribí una demanda, y la puse en manos de quienes en igual situación de exilio –lo cual es también extralegal– tienen el deber de resolverla y de hacerlo con igual espíritu que me guió el hacerlo: el cumplimiento del deber de todos de restablecer la vigencia constitucional. El nombre no importa, lo que importa es que se haga, y que se haga ya.
Al general Charles de Gaulle no lo eligió nadie, ni siquiera lo nombró una sentencia judicial como presidente en el exilio, se autodesignó como jefe de la resistencia. Capitalizó la victoria aliada y condujo con éxito a los franceses al restablecimiento de la república.
