Numerosos mercados de Venezuela se quedaron sin productos esta semana tras las inspecciones de funcionarios del Gobierno que obligaron a los comerciantes a rebajar hasta un 30 % sus artículos, provocándoles fuertes pérdidas y la venta total de sus existencias en pocas horas. EFE
“Nos hicieron bajar un 15 % los precios de todo lo que vendemos. Todo se terminó en muy poco tiempo y hoy no nos queda casi nada”, dijo una propietaria de una charcutería del mercado de Guaicaipuro, en el centro de Caracas.
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“Tuvimos que vender a pérdida. Hemos perdido mucho real (dinero)”, agregó la comerciante.
La vendedora, que prefiere no dar su nombre y dice varias veces tener “mucho miedo”, no recuerda controles tan duros como los de este año, y cuenta que muchos proveedores han dejado de llevar sus artículos al no ser rentable vender a los precios que establece el Gobierno.
Esta nueva oleada de inspecciones comenzó el 12 de noviembre y es parte de la cruzada del Gobierno contra los “especuladores”, a quienes hace responsables de la situación de escasez e hiperinflación que atraviesa el país.
Como en el resto de los casi 12.000 establecimientos que están siendo fiscalizados, la operación en el mercado Guaicaipuro fue llevada a cabo durante varios días por inspectores de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio-económicos (SUNDDE), acompañados de funcionarios de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada).
Además de confiscar productos tras acusar a los vendedores de “acaparamiento”, inspectores y agentes de la GNB se llevaron algunos detenidos -dos según el SUNDDE, aunque testigos hablan de un número más alto- y castigaron con multas a quienes señalaron por “especulación” o incumplimiento de regulaciones.
También en Guaicaipuro, los guardias se llevaron básculas de algunos puestos, al asegurar que estaban adulteradas para manipular el peso en favor de los vendedores, según denunció a Efe una trabajadora del mercado que recrimina a los militares su actitud intimidatoria y arbitraria.
Una pequeña dotación de militares y policías seguía en el mercado 24 horas después de la inspección, vigilando que los pocos establecimientos que habían recibido productos a precio regulado (pollo y harina) vendieran a la cantidad establecida.
Decenas de personas formaban largas colas ante los mostradores temerosos de que la preciada mercancía se agotara.
Desde que el presidente Nicolás Maduro anunciara el “Plan Navidades Felices contra la Especulación”, la SUNDDE ha informado puntualmente de operaciones en todo el país para limitar los márgenes de ganancia y garantizar “la revolución económica” y “el derecho a la felicidad social”, en palabras del jefe del Estado.
“Inmediatamente lo que se produce es una desaparición del producto, dado que cuando las personas son obligadas a bajar a unos precios por debajo de sus costos, obviamente la actividad deja de ser rentable”, dijo a Efe Luis Hernández, de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga).
Algunos supermercados, mercados e incluso restaurantes han dejado de recibir carne de res y otros alimentos desde que comenzaron las fiscalizaciones ordenadas por Maduro para bajar los precios en medio de la espiral inflacionaria en que se encuentra Venezuela, que técnicamente entró el mes pasado en hiperinflación.
Uno de los objetivos de estos controles es asegurar que todos los eslabones de la cadena industrial alimentaria cumplan con los llamados “precios acordados”, fijados para 50 productos básicos según una ley de reciente aprobación por el Estado tras consultar con los distintos agentes económicos implicados.
“Para evitar otro golpe al consumidor final, nosotros terminamos aceptando unos precios para nuestros productos que no eran los precios que nosotros proponíamos”, explica Hernández.
“Pero esos precios fueron acordados hace seis semanas, y en el momento hiperinflacionario que vive Venezuela han quedado desfasados”.
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Ante la subida acelerada que al calor de la caída estrepitosa del bolívar experimentan cada día los precios en Venezuela, los ganaderos pidieron revisar cada semana las cantidades fijadas, pero el Gobierno rechazó esta demanda y esta reevaluación no se realizará hasta que se cumpla un mes de la fijación de la cifra inicial.
