La Asamblea ilegal Constituyente aprobó un decreto donde pide adelantar las elecciones presidenciales antes del 30 de abril. Sin acordar garantías electorales y con un colapso nacional, el Gobierno de Maduro se alista para medirse en un proceso que estará más que viciado.
Redacción Venezuela Al Día
El llamado a las presidenciales para el mes de abril representa una violación de la Constitución y la Ley de Procesos Electorales. De acuerdo a lo expuesto por el abogado constitucionalista, Gustavo Benzo, la decisión tomada por la Constituyente “deroga la Constitución al establecer una convocatoria sin la potestad que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE)” avalado por el artículo 292.
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Por su parte el abogado experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfonso Del Pino reiteró lo expuesto por Benzo y criticó el poder “arbitrario” de la ANC y su evidente falta de competencias. A su juicio, Del Pino indicó que la ANC cada que se reúne “toma decisiones que pasan por encima de la Constitución”, lo que significa que para “conocer la Constitución real” se deben ver las sesiones de la ilegal Asamblea.
Sin tiempo…
Con respecto a la supuesta tesis chavista de “poderes limitado”, Gustavo Benzo explicó que la convocatoria de una elección adelantada a conveniencia “viola el principio electoral de proximidad que debe existir entre la fecha de la elección y la fecha de la toma de posesión del presidente”.
Del Pino coincidió e indicó que aunque la fecha exacta de las elecciones no se encuentre expresa en la Constitución, si se detalla la fecha para la toma de posesión del presidente, que es el 10 de enero según el artículo 231. “Bajo el que se rige un principio de proximidad que nos dice que en dado caso la elección debe celebrarse en octubre y noviembre, para contar con dos meses de transición, que son suficientes”.
“Colocar una elección presidencial en abril no tiene ningún tipo de sentido porque quedaría un tiempo de 10 meses con un presidente en función y un presidente electo que no tiene sino la función de encabezar la transición, que no puede extenderse 10 meses. Es inconstitucional”, expresó.
Agregó que de presentarse este escenario, el país entraría en una crisis de gobernabilidad. “Todo depende del resultado electoral y de si no se da una continuidad presidencial”.
Con información de El Nacional
