La organización Human Rights Watch (HRW) afirma que “hay pruebas” que sugieren que el policía venezolano Óscar Pérez, quien se rebeló contra el Gobierno de Nicolás Maduro, “habría sido víctima de una ejecución extrajudicial”. EFE
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En un artículo publicado hoy en Firmas de EFE, la investigadora de HRW Tamara Taraciuk Broner advierte de que la muerte violenta de Pérez “augura un pésimo 2018 para los derechos humanos en Venezuela”.
Pérez murió, junto a otras seis personas, el pasado 15 de enero cerca de Caracas después de que “agentes de fuerzas de seguridad, junto con miembros de un grupo armado partidario del gobierno, que en Venezuela se conocen como “colectivos”, rodearan la vivienda donde se escondían”, afirma Taraciuk Broner.
Según la investigadora, las autoridades venezolanas calificaron a las víctimas de “terroristas” y afirmaron que fallecieron tras un “enfrentamiento”; pero esta organización afirma que “hay pruebas” de que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
Antes de su muerte, indica Taraciuk Broner, “Pérez publicó en las redes sociales varios vídeos afirmando que él y sus colegas estaban siendo atacados, y que habían iniciado negociaciones con las autoridades para entregarse”.
En una copia de su certificado de defunción se indica que la causa de su muerte fue un único disparo en la cabeza, pero -tras ver el cuerpo- “la hermana de una de las víctimas manifestó que tenía la cabeza destruida y que advirtió orificios de ingreso y salida de bala en la cabeza”, agregó.
La investigadora considera además que “las acciones del gobierno desde que ocurrieron los hechos sugieren que intentó encubrir lo que realmente ocurrió”, pues las fuerzas de seguridad destruyeron el edificio donde Pérez y los otros estaban ocultos.
Ni la Guardia Nacional Bolivariana ni el Gobierno de Maduro han permitido a los familiares tener acceso a los cuerpos, denuncia HRW, al indicar que también “ignoran la voluntad de los familiares, que querían decidir cuándo, dónde y cómo enterrar a sus seres queridos”.
“El cuerpo de Pérez, el último en ser enterrado, fue llevado sorpresivamente a un cementerio de Caracas en la madrugada del 21 de enero. Solo dos familiares pudieron estar presentes durante el entierro”, recuerda Taraciuk.
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“Las autoridades venezolanas comenzaron el año 2018 actuando como si les estuviera permitido encubrir posibles ejecuciones extrajudiciales”, denuncia HRW, al hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que exija un esclarecimiento de los hechos.
