La fiscalía de Guatemala imputó hoy los delitos de “peculado por sustracción, nombramientos ilegales y abuso de autoridad” al expresidente del Congreso Arístides Crespo, acusado de crear plazas fantasma en el ente Legislativo entre 2014 y 2015. EFE
La imputación, realizada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), tuvo lugar en el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, presidido por Miguel Ángel Gálvez, quien tiene previsto continuar este martes con la vista para decidir si lo liga o no a proceso.
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Crespo, quien representa en el Congreso al departamento sureño de Escuintla y fue vicepresidente de la junta directiva en 2015-2016, está acusado de pertenecer a una trama de corrupción entre 2014 y 2015 en la que están implicadas 65 personas, entre diputados, exdiputados y particulares, involucrados en crear plazas ficticias.
Según la investigación del Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los miembros de la junta directiva del Congreso de 2014 y 2015 realizaron “un gran número de contrataciones” que presentan “irregularidades evidentes e ilegales”.
El tipo de contratación para la cual se unieron las directivas “se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad”, “irrespetando” las formas correctas y por la “no asistencia” de los contratados, que ganaban entre 5.000 y 20.000 quetzales (680 a 2.720 dólares) mensuales.
Durante su presidencia, Crespo, ahora del opositor Movimiento Reformador, contrató a varias personas de forma irregular, sin justificación y sin contar con requisitos mínimos, además de autorizar pocos días antes de dejar el mandato otras contrataciones del Congreso con altos salarios a personas que no se presentaban a trabajar.
Además de Crespo -quien negó los hechos y le pidió al juez cerrar el caso en su contra- el otro presidente de este período fue Luis Rabbé, prófugo de la Justicia junto a otros 4 diputados, mientras que 65 personas están procesadas.
Crespo está en prisión preventiva en una cárcel que funciona dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala desde su detención el pasado 23 de enero, a la espera de que el juzgado resuelva su situación legal.
