El instituto CASLA, observatorio checo de derechos humanos, remitió este martes a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) 38 denuncias de malos tratos y torturas en Venezuela, basadas en los testimonios de las supuestas víctimas. EFE
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“El propósito es demostrar que las torturas, crimen de lesa humanidad, no cesan, sino que, al contrario, se acentúan”, explicó en Praga la directora ejecutiva CASLA, Tamara Suju, que envió el pliego de testimonios a La Haya.
“Los casos de estas 38 nuevas víctimas entraron a la CPI en carácter de nombres bajo protección”, afirmó la directora de CASLA.
Según la abogada venezolana, la tortura se ha convertido en practica “para obtener confesión o que las víctimas acusen a dirigentes de la oposición, a civiles o militares, de acciones supuestamente subversivas”.
Suju denunció que el acoso y la represión contra los opositores al presidente Nicolás Maduro se ha extendido a sus familias.
“Van por las esposas, por los hijos, y se los llevan detenidos” cuando no consiguen a los opositores e, incluso, aseguró “están persiguiendo a los abogados que llevan los casos de los militares sublevados”.
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En las denuncias se señala a la División General de Contra Inteligencia Militar, dirigida por el coronel José Franco Quintero, como el organismo de seguridad responsable de la mayoría de las torturas.
Entre esas torturas aparecen asfixias con bolsas plásticas, aplicación de descargas eléctricas, ahogamiento, golpes y patadas en todo el cuerpo y un caso de tortura sexual con violación.
