El World Justice Project (WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países, entre los cuales Venezuela continúa ocupando el último lugar del ranking en base a ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
El país petrolero repitió la última ubicación, ya que la ocupó también en el estudio del año 2016.
En América Latina y el Caribe, el país mejor calificado fue Uruguay, que ocupa el puesto 22 de 113 países, seguido por Costa Rica y Chile, mientras que a nivel mundial el podio fue encabezado por Dinamarca, seguido de Noruega y Finlandia.
Desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho en octubre de 2016, la mayoría de los países en el mundo vio un deterioro en las puntuaciones de temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental, justicia civil, y justicia penal. El mayor retroceso se observó en el Factor 4, Derechos Fundamentales, donde 71 de 113 países empeoraron. Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y derechos laborales.
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“Somos testigos de un deterioro a nivel global en aspectos fundamentales para el Estado de Derecho”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Una reducción en la adherencia al Estado de Derecho en cualquier lugar es una amenaza para el desarrollo en todas partes”. En total, 34% de los países vieron deterioros en sus puntuaciones, frente a 29% que tuvieron mejoras, tomando como referencia el Índice de 2016 –lo cual es una tendencia preocupante. Por su parte, 37% de los países incluidos en el Índice mantuvieron una puntuación constante.
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