El régimen ha sometido al sector privado de la producción de alimentos a todo tipo de abusos y arbitrariedades. Esta mala praxis del ejercicio del poder ha venido afectando a cada uno de los integrantes de los circuitos agroalimentarios de la producción. Los sectores afectados son: Las unidades primarias de producción, la pesca artesanal e industrial, el sector financiero, la agroindustria, el agrocomercio y los sectores de almacenamiento, transporte y toda la cadena de comercialización.
La banca pública que representa el cuarenta por ciento de la capacidad del financiamiento a la producción, se ha convertido en la “caja chica” del PSUV dedicada a financiar el proselitismo político, prueba de ello son los altos índices de morosidad que presenta el Banco Agrícola de Venezuela. Mediante estos recursos de forma fraudulenta compra votos y ejerce chantaje sobre la población del sector rural. De esta manera el gobierno incumple con su responsabilidad de financiar la infraestructura y el costo de producción anual de los cultivos, de la pesca y de la actividad pecuaria.
El agrocomercio fue monopolizado por el gobierno a partir de la expropiación de Agroisleña, empresa constituida con capital privado en el año de 1958 y que atendía el cuarenta por ciento del mercado de agroquímicos, semillas y fertilizantes. A partir de 2010 año de la expropiación de Agroisleña y de la creación de Agropatria, el régimen monopoliza el mercado abarcando el 95% de esta actividad, mediante la restricción de divisas a las pequeñas empresas comercializadoras y a las cooperativas y suministradoras de insumos de las organizaciones gremiales.
El monopolio de Agropatria dejó de atender eficientemente a los productores y se dedicó a privilegiar a los intermediarios, desabasteciendo de semillas, de agroquímicos, medicinas veterinarias y de fertilizantes causando la disminución de la producción y de la productividad de los cultivos y de la cría. Con la complicidad del alto gobierno destruyeron casi en su totalidad los activos, tanto de la infraestructura industrial como de los inventarios de insumos almacenados al momento de la expropiación. Estos activos estaban valorados en cerca de mil millones de dólares.
Mediante la aplicación de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, el régimen intervino cerca de ocho millones de hectáreas de tierras pertenecientes a miles de propietarios de unidades de producción agrícola y pecuaria. La inmensa mayoría de estas tierras sujetas de expoliación estaban en plena producción. Las propiedades usurpadas por el régimen fueron convertidas en “Fundos Zamoranos”, que han fracasado casi en su totalidad debido al saqueo de sus bienes, falta de gerencia y corrupción. Al día de hoy el 99% de estas “empresas” se encuentran improductivas.
En las actividades de almacenamiento, transporte y comercialización, se han vulnerado los principios inalienables de la propiedad privada y de la libertad económica. Estos sectores han sido sometidos a regulaciones y ocupaciones forzosas, mediante la aplicación de las leyes de Seguridad y Soberanía Alimentaria, la de Costos y Precios Justos y por una cadena de decretos presidenciales ilegales.
El sector agroindustrial no se ha escapado de esta retahíla de abusos. Empresas en producción y otras semiparalizadas por la ausencia de políticas y estímulos del gobierno, han sido víctimas de la expropiación y de la confiscación del régimen. Sectores agroindustriales del café y del azúcar han pasado a manos del régimen, en un el 83% en el caso del café y en el caso del sector azucarero, diez de los dieciséis centrales azucareros existentes en nuestro país, fueron sujetos de apropiación por parte del gobierno.
Esta calamidad que ha destruido al sector de la producción de alimentos tiene su raíz en la aplicación, por parte del régimen, de un modelo comunista fracasado disfrazado con el nombre de socialismo del siglo veintiuno. La consecuencia, ha sido la emergencia humanitaria que está padeciendo nuestra población por la escasez y la carestía de los alimentos que está diezmando a los sectores más vulnerables, con alarmantes cuadros de desnutrición y de enfermedades.
Nuestra población debe abandonar el marasmo inducido por este gobierno, sobreponerse y tomar la entereza suficiente para pensar en el cambio de este régimen por un gobierno democrático, que nos saque de este desastre y que podamos entrar al siglo veintiuno y poder vivir dignamente.
Si logramos el cambio podemos asumir la producción de alimentos como una Política de Estado, que garantice la aplicación de un Plan Agroalimentario para el Pleno Abastecimiento de nuestra población. Una Política de Estado que trascienda a la duración de un periodo presidencial y que garantice seguridad jurídica, rentabilidad, financiamiento suficiente y oportuno para lograr aumentar la producción y la productividad de manera sustentable y aprovechando nuestras condiciones agrológicas sin posturas autárquicas.
