Julián Quiara parece ir en serio cuando durante un paseo entre el bullicio de turistas alemanes y comerciantes callejeros senegaleses junto al acantilado de Puerto de la Cruz, Tenerife, hace un comentario escalofriante.
Fernando Peinado/ El País
“Antes de que me deporten a Venezuela me tiraré al mar con una piedra atada a los pies”.
Quiara, de 42 años, tiene motivos para temer. Hasta hace nueve meses, trabajaba para el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) en la Torre Aco, el edificio al este de Caracas donde opera una mafia de funcionarios corruptos que cobran miles de dólares a cambio de un pasaporte, uno de los negocios más prósperos en un país arruinado.
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En abril, Quiara se montó en un avión para huir a España, donde tiene familia. Ha pedido asilo. Asegura que había sido amenazado por sus superiores por no querer colaborar en la venta ilícita de los documentos de identidad.
En medio de un éxodo sin precedentes, muchos venezolanos que desean huir de la hambruna, la delincuencia y el caos en que ha degenerado el régimen de Nicolás Maduro llevan más de un año esperando un pasaporte por la vía oficial, pero quienes pueden y quieren pagar miles de dólares a los funcionarios corruptos del Saime se hacen rápidamente con los documentos, según víctimas, funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano e intermediarios de este tráfico ilegal.
Al frenar la emisión de pasaportes, la oposición sospecha que Maduro busca negar el derecho al voto a los más de dos millones de venezolanos que se estima componen la diáspora.
Esa teoría se apoya en el hecho de que Caracas usa los pasaportes para castigar a la población crítica. Las autoridades les han retirado el documento a diputados, artistas y periodistas.
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“No es casualidad que esto pase antes de las elecciones presidenciales”, argumenta Lester Toledo, un líder opositor del partido Voluntad Popular, que ahora reside en Madrid. Maduro buscará la reelección en unos comicios el 30 de abril.
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