El régimen de Maduro cerró todas las vías para una solución institucional a la grave crisis política. No hay garantías para un cambio por vía electoral. La Asamblea Nacional ha sido reducida en sus funciones. Ningún poder del Estado puede actuar con independencia de la dictadura ni siquiera para hacer valer la absurda legalidad chavista.
En este contexto es posible que una parte de la oposición electoral decida participar en el fraude que ha convocado el gobierno para el 22 de abril. Esa participación no será más que una invocación retórica y simbólica sin ninguna significación real ante un régimen que ya hace tiempo había decidido no entregar el poder de ninguna forma que no sea por la fuerza.
La legalidad del Estado chavista ya ni siquiera es invocada para hacer valer la dictadura, porque el régimen se ha convertido en una instancia de facto, de hecho, sin ninguna legalidad o legitimidad que lo soporte. Cualquier decisión que vaya contra las leyes y la Constitución que ellos mismo redactaron simplemente se hace ley por decisión del presidente y con el aval de la Sala Constitucional del TSJ.
Valorar esta realidad es lo que ha llevado a varios países a entender que no hay formas jurídico-institucionales para salir de un régimen de facto como el de Venezuela. Solo quedan en la mesa igualmente las vías de hecho para resolver un conflicto sobre el cual hay consenso de que debe ser detenido de inmediato.
La opción más natural es que, producto de la presión interna por la protesta social y la presión externa de la comunidad internacional, se produzca una fractura militar que lleve a la mayoría de las FANB a desmarcarse del régimen y quitarle su apoyo. Hay que decir una vez más que el juego está trancado, no solo porque se agotaron todas las vías institucionales para una salida democrática, sino también por el chantaje que aplican las fuerzas armadas sobre 80% de la población civil desarmada.
La primera declaración del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, antes de iniciar su gira por América Latina, fue para ofrecer el apoyo de Estado Unidos a aquellos militares que se levanten en contra del régimen. Fue una invitación inspirada en el pragmatismo de admitir que efectivamente solo quedan vías de hecho para enfrentar al régimen de Maduro. No es lo deseable, pero es lo único que queda.
De todas, la fractura militar interna luce como la más pertinente. No solo la inmensa mayoría de los militares sufren las privaciones que afectan al resto de los venezolanos. Además de esto, los militares saben que el gobierno al que se ven obligados a defender es el que sistemáticamente está destruyendo la República y al mismo tiempo a la institución armada. Entonces es casi un asunto existencial decidir si siguen con el régimen o no.
Es cierto que todas las promociones de oficiales militares en los últimos años han tenido la influencia ideologizante del chavismo. Pero, como en todo cuerpo social, es de suponer que en el seno de las FANB existan diversidad de criterios y hasta se desarrollen contradicciones. Es razonable suponer que, aunque todos están vestidos de verde oliva, no todos son corruptos, asesinos o traficantes. Esas generalizaciones usadas en forma demagógica y altisonante por algunos “opositores” siempre terminan sirviendo al régimen, que se vale de ellas para aislar hábilmente a la fuerza armada de los civiles.
Si las FANB, como institución, logran zafarse del rígido control del régimen y de los militares cubanos, se podrían establecer las bases para una verdadera alianza cívico-militar que derroque a la dictadura. Antes que una intervención militar internacional, la opción cívico-militar es la única oportunidad que queda para que “los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos”.
