La ONG Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró este 13 de junio en su informe anual que el 2017 fue un año “terrible” para Venezuela en materia de libertades civiles, al tiempo que instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a “garantizar” los derechos constitucionales. EFE
El informe de Provea, que recogió datos de diversas investigaciones independientes ante la “ausencia total de información pública”, señaló que los derechos económicos- que incluyen adecuada alimentación y sanidad-, civiles y políticos, se vieron vulnerados durante el 2017 en el país petrolero.
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El documento, presentado hoy ante los medios, hizo énfasis en la “criminalización” de la protesta que sacudió el país durante los cuatro meses de abril a julio del pasado año, y que se saldó con más de 120 muertos.
Provea señaló en el informe que 46 de las muertes durante las protestas pueden “ser atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los colectivos”, en referencia a las redes de apoyo al chavismo gobernante, que la oposición tacha como grupos de choque.
“Durante este ciclo de protesta más de 5.000 personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Igualmente, durante este período de protestas, fueron recibidas más de 101 denuncias de tortura”, se añade en el informe, titulado “De la rebelión popular al fraude electoral”.
La ONG también resaltó la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos al profundizarse en 2017 “el sectarismo” y la “cooptación de los modelos de gestión comunitaria”, lo que, asegura, “ha agravado la crisis institucional” en el país.
Asimismo, Provea denunció en su informe “el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional”, tras una “larga y sistemática destrucción” del sistema sanitario de la nación suramericana.
Este fenómeno, sumado a los “altos niveles de pobreza, hambre, desnutrición y (el) colapso de los servicios básicos” aumentaron “de forma exponencial los problemas de salud, causando daños irreparables a la integridad física y mental de las personas y la pérdida de vidas humanas”.
En tanto que en su apartado “derecho a la alimentación”, usando cifras de Caritas Venezuela, Provea informó que el 16,2 % de los niños venezolanos padeció durante 2017 algún tipo de desnutrición, lo que deja constancia de la “situación nutricional de emergencia” que atraviesa el país.
Venezuela sufre una crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación, un fenómeno que dificulta aún más la obtención de alimentos.
El Gobierno venezolano achaca la crisis a una supuesta guerra económica por parte de Estados Unidos y niega que el país esté atravesando una crisis humanitaria, como reclama la oposición y diversas ONG, que insisten en la apertura de un canal para el ingreso de alimentos y medicinas.
