La conflictividad de baja intensidad marca la vida cotidiana de los venezolanos frente a la virulencia del pasado. En lo que va de 2018 se han contabilizado más de 5.000 manifestaciones, el 80% de ellas para exigir derechos sociales como comida, agua y salarios dignos, publica El País.
Por Florantonia Singer/ Corresonsal en Caracas
Este miércoles Caracas fue un hervidero de descontento. Los pensionistas protestaron frente a las agencias bancarias en reclamo porque recibieron su remuneración incompleta por la escasez de billetes. La molestia de los ancianos se sumó a los de vecinos que trancaron las calles por las fallas en el suministro de agua en La Vega, El Paraíso y la avenida Andrés Bello. Investigadores del IVIC, trabajadores de las empresas estatales de electricidad y telecomunicaciones y de los hospitales también salieron en otros siete puntos de la ciudad para exigir salarios dignos. Por lo menos 15 focos complicaron la rutina de la capital venezolana, donde las protestas se cruzan de una calle a otra.
En los últimos meses la conflictividad se ha multiplicado en todo el país hasta alcanzar una cifra récord: en el primer semestre de 2018 se contabilizaron 5.315 protestas, un número que supera las 4.930 registradas en el mismo período del convulso 2017, cuando el país se encendió en marchas contra los ataques del Supremo, adosado al gobierno de Nicolás Maduro, a la opositora Asamblea Nacional.
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“El año pasado fue el de más protestas, hubo un poco más de 9.000, pero este 2018 podría romper ese récord tal como vamos en el primer semestre. Cada día se producen 30 protestas en Venezuela y 8 de cada 10 tienen que ver con derechos sociales. Aumento de los precios, escasez y desabastecimiento de alimentos, crisis de los servicios y del sistema de salud y ahora los bajos salarios son los principales motivos.
Hemos visto a enfermos crónicos como los pacientes con párkinson que han tenido que salir a la calle a exigir medicinas. Esto habla de un colapso del Estado y de una posición indolente del gobierno frente a la situación de los venezolanos”, explica Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que monitorea el malestar del país desde 2011.
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Ponce señala que el panorama que se vive en Venezuela es el de una emergencia humanitaria compleja, distinto en sus detonantes al de una crisis humanitaria. “Acá no hemos pasado por un desastre natural o una guerra, sino que las decisiones políticas son las que han llevado a esta situación que va a empeorar porque no vemos que de parte de los responsables haya intención de hacer correctivos.
Que una y otra vez los vecinos, los enfermos y los trabajadores salgan a protestar indica que el gobierno es incapaz de darles respuestas, porque solo está enfocado en mantenerse en el poder. El índice es tan alto porque el Estado no responde y la protesta es la herramienta histórica de lucha que han tenido los pueblos para conquistar derechos. A esta altura de la ruptura democrática, la gente no tiene otra opción”, añade el activista de derechos humanos.
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Junio, el primer mes de la reelección de Maduro en un proceso viciado y con la abstención más alta de la historia del país, es también el de mayor índice de protestas con 1.112 manifestaciones registradas por el observatorio en todo el país. Caracas y los estados Lara, Anzoátegui, Mérida y Bolívar, este último fuertemente afectado por epidemias, la escasez y la inflación, concentran el mayor descontento.
En 2017, luego de la intensa jornada de manifestaciones políticas, que quedó ahogada con la fraudulenta elección de la Asamblea Constituyente, que se ha alzado como un parlamento paralelo a Maduro, el liderazgo político opositor perdió la convocatoria de la lucha en la calle. “El venezolano está muy desamparado. Hay un Estado que no responde y los partidos de oposición no hay podido hacer ningún tipo de conducción política del descontento ni ha acompañado a la gente en sus exigencias democráticas”.
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En su opinión, sin embargo, la oposición venezolana, extraviada desde el año pasado por las fracturas entre los distintos movimientos que la conforman, todavía podría capitalizar el descontento social y hacer de las manifestaciones atomizadas que ocurren a diario una gran protesta nacional.
En cinco años de creciente conflictividad, el gobierno de Maduro ha ganado músculo para la contención de sus efectos. La consolidación de un aparato represivo que involucra a cuerpos policiales y grupos parapoliciales afines, que el año pasado dejaron 157 muertes en manifestaciones, y la implementación de estrategias como las que ha usado con sindicatos, como la instalación de mesas de diálogo con uno de los grupos en conflicto, para ganar tiempo, dividir y desgastar la lucha del colectivo, explica Ponce. “Ahora están usando cajas Clap de comida para intentar bajar la tensión como hicieron con las enfermeras el primer día de su huelga”.
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Los seis meses de protestas han dejado 12 personas asesinadas, de ellas 3 eran mujeres y 2 eran menores de edad. El 75% de las muertes ocurrió en protestas por alimentos. 11 personas fueron asesinadas por heridas de bala y una de las víctimas con un objeto contundente. Familiares y testigos denuncian a funcionarios del Estado como responsables de cinco de las muertes y a civiles armados como responsables de las otras siete. Además, se registraron 226 saqueos o intentos de saqueo en todo el país.
El registro del observatorio llega hasta final de junio, por eso entre estos casos no se cuenta el de Evelio Rodríguez Robles, de 13 años de edad, asesinado de un disparo la noche de este lunes en San Félix, al sur de Venezuela, durante una protesta por falta de luz y agua en la comunidad, disuadida por la policía regional. A su familia el gobierno le había prometido hace dos años una vivienda en mejores condiciones, reportaron periodistas en la zona.
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“El gobierno sigue adelante con sus decisiones políticas y toda Venezuela va para otro lado. Están en su dinámica de atornillarse y dar cuotas de poder, mientras el venezolano común está exigiendo sus derechos y tratando de sobrevivir. Al gobierno la criminalización y judicialización de la protesta se les ha convertido en un búmeran, porque los números indican que la gente no ha dejado las calles y que ahí va a seguir”.
Información de El País.
