Con mucha precaución deben prepararse los argumentos para una eventual denuncia en contra de Venezuela ante la CPI y la invocación del Estatuto de Roma no solamente porque cualquier resquicio puede desvirtuar la demanda, es que la misma podría acarrear una contrademanda a pesar de la avalancha de pruebas que existen en contra del Estado venezolano en cuanto a represión, persecución de la disidencia y violación flagrante de los derechos humanos.
Redacción Venezuela al Día
La denuncia que países como Colombia, Chile y Argentina preparan contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) puede provocar que Caracas presente ante el mismo tribunal una contrademanda por supuestos crímenes cometidos en los Estados demandantes, dijo a Efe una fuente diplomática.
Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú están coordinándose para entregar la denuncia, que tendría como base un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que se recogen supuestos episodios de represión contra la oposición venezolana desde la elección de Nicolás Maduro a la presidencia, en 2013 reseña 2001.
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La demanda conjunta, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad cometidos en terceros países.
La Fiscalía de la CPI ya abrió, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal.
Por esta razón, las embajadas en La Haya de tres de los países que preparan la denuncia conjunta “no ven claro el impacto” que esta tendría en el procedimiento judicial, explicó la fuente consultada.
De salir adelante esa denuncia común, Caracas tiene la posibilidad de “actuar en represalia” y recurrir al mismo artículo 14 del Estatuto de Roma para remitir ante la CPI supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en países demandantes, añadió la fuente.
En el caso de Colombia, Venezuela puede referirse al conflicto entre el Estado y la guerrilla de las FARC, ya que la propia Fiscalía del tribunal internacional abrió un examen preliminar por este asunto en 2004.
Otro país que podría verse afectado es Chile, advirtió la fuente, pues el Comité contra la Tortura de la ONU ha llamado la atención a sus autoridades por episodios de violencia contra miembros del pueblo mapuche.
En un informe de agosto de 2018, este comité manifestó su preocupación por “informaciones coincidentes en las que se denuncian abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades y actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles”.
Las embajadas en La Haya que no ven con buenos ojos la demanda colectiva prefieren esperar a la publicación de un informe, que se espera para dentro de unos tres meses, en el que se darán detalles sobre los exámenes preliminares abiertos por la Fiscalía, entre ellos el de Venezuela.
Los exámenes preliminares analizan asuntos como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia nacional ha investigado realmente los hechos denunciados), su gravedad o si los delitos entran en su jurisdicción.
La embajada de Venezuela en La Haya, enlace de Caracas ante la CPI, declinó comentar su eventual respuesta en caso de que sus vecinos sigan adelante con la demanda colectiva.
En cualquier caso, ni la denuncia conjunta ni la posible réplica de Caracas abriría automáticamente una investigación plena por parte de la CPI.
Ese paso depende de la Fiscalía del tribunal internacional, al frente de la cual está la jurista Fatou Bensouda y que actúa de manera independiente.
Lo único que cambiaría la activación del artículo 14 es que, si la Fiscalía llegara a la conclusión de que se cumplen los requisitos para iniciar investigaciones formales, podría hacerlo directamente sin pedir autorización a una Sala de Cuestiones Preliminares.
En caso de que no existieran denuncias directas de los Estados parte, la Fiscalía estaría obligada a solicitar antes un permiso a los jueces.
Sin embargo, la CPI tiene avances en cuanto a demandas con casos fundamentados que han presentado diversos organísmos defensores de los derechos humanos en Venezuela tales como el Foro Penal amén de los mas de 700 casos documentados que ha presentado la activista venezolana Tamara Sujú y que datan desde el año 2002.
