Para el 10 de enero se tiene prevista la juramentación de Nicolás Maduro para otro mandato presidencial, el que ha sido cuestionado por la comunidad internacional, Asamblea Nacional (AN), parte del ala radical de la oposición y por último pero no menos importante, los venezolanos.
Adry Perdomo/ Venezuela Al Día
El Grupo de Lima notificó el viernes que la juramentación de Maduro “no sería reconocida”. Las razones son claras; el proceso electoral efectuado el pasado 20 de mayo de 2018, fue fraudulento y careció de garantías electorales. Por tanto, el resultado es “ilegal e irreconocible”.
Tan plagado de irregularidades estuvo el proceso, que los únicos que respaldan dicha investidura son los mismos integrantes del régimen. De hecho, gran parte del sector político venezolano concuerda en que a partir del 10 de enero, cuando culmina el actual período del jefe de Estado que inició en 2013, Maduro pasa a ser un presidente ilegítimo y además inconstitucional.
Un voto asfixiado
Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue señalado de cometer fraude en los comicios de la ilegal Constituyente, el venezolano fue perdiendo el buen ojo al voto. De hecho, tras el CNE haber quedado como un organismo que únicamente cumple los caprichos del régimen y es partícipe de la farsa, el ciudadano optó por la abtención antes que sufragar en un país donde todo es manipulado.
Maduro no solo se aprovechó de la pérdida del voto como mecanismo democrático, sino que además movió sus piezas con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que fuese este quien colaborara con su carrera en las presidenciales y resultara ” de forma irregular” victorioso.
TSJ la mano derecha de la cúpula
Según publicó Acceso a la Justicia, el TSJ también fue parte principal de la destrucción democrática del país. De hecho, el organismo refirió que fue el máximo tribunal del país quien “noqueó” el voto, al allanar el camino para que Maduro compitiera prácticamente solo en las presidenciales anticipadas del 20 de mayo.
El TSJ participó en un proceso de inhabilitación de partidos políticos de oposición, iniciado en 2016, con un saldo desde ese año de 4 sentencias del TSJ. El resultado es que para el mes de enero de 2018, sólo existían 17 organizaciones políticas en el panorama electoral, de las cuales 12 eran progobierno y apenas 5 de oposición, refirió Acceso a la Justicia.
Entre los partidos anulados destaca el de la Mesa de la Unidad, mediante una de las primeras sentencias del año, la número 53, dictada por la Sala Constitucional el 25 de enero. Con todo esto, se buscó impedir la posibilidad de que dicha plataforma postulara a un candidato unitario fuerte contra Maduro y de esta forma el régimen podía “hacer y deshacer”.
Ante la carencia de un buen candidato, ausencia absoluta de garantías, observación internacional calificada, entre otras, Maduro logró autoproclamarse ganador.
Venezuela entre la espada y la pared
Para ningún ciudadano es secreto que el régimen además del ventajismo con el voto debilitado, el CNE a su favor y un TSJ que arremetió contra el pueblo, sin olvidar las presiones en las instituciones públicas, chantaje con bolsas del Clap, entre otros, logró declararse ganador. Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto, la comunidad internacional no dudó en reaccionar y denunciar las irregularidades.
Ahora, Maduro quien no será reconocido en más de 10 naciones, con una Asamblea Nacional (AN) que notificó que no juramentará al mandatario por ilegalidad, busca nuevamente otro golpe a la democracia al jurar ante el TSJ y no ante la AN como lo estipula la ley.
Pues a juicio del régimen, la AN se encuentra en desacato y toda decisión que tome no será reconocida. Por tanto, Maduro aspira jurar ante el máximo tribunal del país (que nada tiene que ver con ello) y pasar nuevamente por encima de la ley. Con esto, Venezuela enfrenta una dictadura notoria y clara, que no le importa ser legal ni legítimo, solo le interesa permanecer en el poder y seguir destruyendo y consumiendo el poco país que queda.
