Luego de un impasse de meses durante el que centenares de miles de nicaragüenses perdieron sus empleos, decenas de miles abandonaron el país y más de 700 terminaron tras las rejas, este miércoles se inició un nuevo proceso de diálogo en Nicaragua.
La negociación se instaló con representantes del gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero sin la participación del presidente Daniel Ortega.
Sí que estuvieron en calidad de testigos el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.
Las conversaciones tienen como objetivo encontrar una salida a la crisis en la que el país se encuentra sumido desde abril del año pasado, cuando estalló una ola de protestas en contra del presidente Daniel Ortega, duramente reprimidas por orden del mandatario.
Y, pocas horas antes del inicio de las mismas, un número no determinado de presos fue puesto en libertad por el gobierno de Ortega. Las autoridades no detallaron cuántos fueron.
La liberación de todos los detenidos por participar en las protestas en contra del mandatario de 72 años era uno de los temas que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia había identificado como “fundamental” para tratar de resolver la crisis.
Entre los arrestados había 777 personas, según el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos. Pero los medios de comunicación vieron salir autobuses con alrededor de un centenar.
La Alianza Cívica advierte que seguirá insistiendo en exigir la liberación de todos los que consideran “presos políticos” (“golpistas” y “terroristas” según las autoridades).
Tampoco se sabe si la liberación de este miércoles será definitiva o nada más para pasar a tener casa por cárcel.
Y los nicaragüenses parecen no ponerse de acuerdo en si el nuevo diálogo beneficiará o no a Ortega, si es un síntoma de debilidad o fortaleza, o incluso si arrojará resultados concretos.
A puertas cerradas
Por lo pronto, a diferencia del primer intento de diálogo -que arrancó el 16 mayo de 2018 y se suspendió indefinidamente una semana más tarde- esta vez el proceso tiene lugar a puerta cerrada y con la ausencia de varios actores importantes.
Entre los integrantes del “equipo de negociación” de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por ejemplo, esta vez no hay representantes del Movimiento Campesino, que recientemente vio cómo su principal representante en las primeras pláticas fue condenado a más de 200 años de cárcel acusado de terrorismo.
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Tampoco están presentes, por encontrarse en el exilio, los líderes estudiantiles que emplazaron públicamente a Ortega en el inicio de ese diálogo, exigiéndole la renuncia y gritándole a la cara los nombres de sus compañeros muertos durante las protestas.
Y esta vez la Conferencia Episcopal de Nicaragua se desempeña no como mediadora y garante de las conversaciones, aunque sí que estuvieron este miércoles en calidad de testigos.
La delegación del gobierno lo encabezó el canciller Denis Moncada, los diputados oficialistas Edwin Castro, José Figueroa y Wilfredo Navarro, así como el magistrado judicial Francisco Rosales y el dirigente estudiantil Luis Andino. Otra diferencia es que no se han nombrado nuevos mediadores ni se han hecho públicos los puntos en agenda.
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