El nuevo reglamento de carga pública que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el año pasado todavía no entra en vigor, pero el Departamento de Estado (DOS) ya está poniendo en práctica las recomendaciones. El rechazo de peticiones de visas de ciudadanos mexicanos se disparó entre el 1 de octubre de 2018 y el 29 de julio de este año, afectando principalmente a personas de escasos recursos.
Por Jorge Cancino | Univision
De acuerdo con datos del DOS, en los primeros siete meses del año fiscal 2019fueron negadas 5,343 solicitudes de visa de inmigrante para ciudadanos mexicanos “porque los solicitantes eran tan pobres o estaban enfermos y corrían el riesgo de convertirse en carga pública”, reveló el sitio POLITICO este martes.
Durante el año fiscal 2016, el séptimo del gobierno de Barack Obama, se registraron solo siete rechazos por este concepto. Las visas de inmigrante son el primer paso hacia la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).
El reporte añade que los funcionarios consulares a nivel mundial otorgaron aproximadamente 534,000 visas de inmigrante en el año fiscal 2018, una cifra por debajo de las poco más de 618,000 otorgadas en los dos años fiscales anteriores.
Pruebas de solvencia
Uno de los principales requisitos para obtener una visa estadounidense es demostrar que tiene suficientes recursos para sostenerse y no se convertirá en carga pública.
En caso de no reunir este requisito, los peticionarios de visa pueden presentar evidencia adicional para demostrar su autosuficiencia económica, “pero las estadísticas muestran que solo 1,330 inmigrantes mexicanos que presentaron una solicitud en años anteriores revocaron un fallo de carga pública durante ese período”, dice la publicación.
Solicitantes de otros países también se han visto afectados por las nuevas reglas, a pesar de que estas todavía no han sido publicadas. La lista incluye a ciudadanos India, Pakistán, Bangladesh, Haití y República Dominicana.
El NIF argumenta que el DHS busca cambiar el concepto “para rechazar a los inmigrantes que solicitan una visa de inmigrante (tarjeta verde), o una visa temporal si han accedido anteriormente o se considera que es probable que dependan de ciertas formas de asistencia pública en el futuro”.
La regla propuesta podría tener “un efecto escalofriante en las familias inmigrantes, que son elegibles para recibir asistencia y que contribuyen a Estados Unidos todos los días en el trabajo y en sus comunidades”, añade.
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— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) July 28, 2019
“Ampliaría drásticamente la definición de lo que significa ser una carga pública, lo que podría impedir que un inmigrante mantenga u obtenga un estatus legal de inmigración”, dice la Red Católica de Inmigración Legal (Catholic Legal Immigration Network, CLINIC), una de las principales organizaciones de ayuda a los inmigrantes en el país.
