Por más increíble que parezca, en Venezuela la persecución en contra de todo aquel que manifieste de una u otra forma su desacuerdo con el régimen chavista-madurista ha alcanzado niveles altamente impunes, ya que actos tan cotidianos como publicar un mensaje en redes sociales, grabar un vídeo satírico o hacer una obra de teatro en tono comedia puede ser razón suficiente para terminar en una cárcel.
Redacción Venezuela al Día / Con información de Infobae
Es notorio que la libertad de expresión desde hace mucho tiempo, no existe en el país, ya que todos sus ciudadanos, en el momento menos pensado, pueden ser asediados por el régimen de Nicolás Maduro hasta el punto de llegar hasta la cárcel.
Esto le sucedió recientemente a los actores Aisak Ovalles y Pedro Huice, quienes protagonizan la obra teatral “Dos policías B en apuros”, hasta el pasado domingo 4 de julio, cuando junto a la productora y el director de la pieza, fueron detenidos por usar en una parte de la misma uniformes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
A través de su cuenta oficial de Twitter, la propia PNB dejó constancia de su crítica al contenido de la pieza teatral, que según ellos “busca ridiculizar y tergiversar las verdaderas funciones policiales”. Vale acotar que el trasfondo del asunto es que uno de los personajes de la obra es un policía homosexual.
Por su parte, la historia de la clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Caracas, Karen Palacios, se basa en simplemente haber emitido una opinión personal, que hirió susceptibilidades. La joven fue detenida el pasado mes de junio luego de denunciar a través de su cuenta en Twitter que había sido despedida de la agrupación sinfónica, por su postura en contra del régimen de Nicolás Maduro.
A pesar de tener boleta de excarcelación con fecha del 18 de junio, la clarinetista estuvo presa por 45 días, acusada del delito de instigación pública. Igualmente, su familia denunció que Karen sufrió torturas durante su arbitraria detención en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
Finalmente, Karen fue excarcelada la noche del 16 de julio, pero no está libre. Tiene una medida cautelar que la restringe para poder dar declaraciones a los medios de comunicación, usar sus redes sociales, y que la obliga a someterse a un régimen de presentación en tribunales.
En la misma onda de las redes sociales, se generó hace 15 meses el caso de Pedro Patricio Jaimes Criollo, quien tiene el mencionado tiempo privado de libertad, solo por haber publicado un tuit donde indicaba la ruta del avión presidencial el 3 de mayo de 2018. Una información que fue pública en aquel momento, como generalmente lo es, y que no fue reseñada solo por él, sino también por varios portales noticiosos.
Criollo fue acusado de revelación de secretos políticos, espionaje informático e interferencia de la seguridad operacional, por lo que en sus primeros días bajo arresto el régimen lo mantuvo en desaparición forzada por 35 días, sin que su familia ni su abogado supieran de su paradero.
Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección, Pedro Jaimes sigue preso. Su audiencia de juicio ha sido diferida siete veces. El relator especial de la CIDH, Edison Lanza, asegura que “su privación de libertad es un intento de reprimir el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.
Tan solo unos días después del primer apagón nacional que se registró este 2019, específicamente a principios del mes de marzo, el periodista Luis Carlos Díaz fue fue interceptado en plena calle por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), quienes arbitrariamente y con violencia incluida lo capturaron.
El motivo de su detención fue revelado días antes por el corrupto más mediático del régimen, Diosdado cabello, quien aseveró en su programa televisivo “Con el Mazo Dando” que el comunicador era el responsable de la gran falla eléctrica en el país.
Dicha acusación se basaba en un vídeo que Díaz y su esposa, Naky Soto, habían grabado y publicado en internet, con una serie de consejos sobre qué hacer en caso de un blackout en el país. El material fue tergiversado, manipulado y lo utilizaron para incriminarlo en una supuesta conspiración eléctrica.
Al día siguiente de su detención, y gracias a la presión de la opinión pública, Luis Carlos Díaz fue excarcelado, pero se le impuso restricción de salida del país, prohibición de declarar sobre su caso y régimen de presentación.
Otros que no se escaparon de la lupa acusadora y torturadora del régimen fueron los bomberos merideños Carlos Julio Varón García y Ricardo Antonio Prieto Parra, quienes fueron detenidos en septiembre de 2018, luego de que se viralizara un vídeo que grabaron en la estación. En el clip, los efectivos simulan ser locutores, y con humor reclamaban a Nicolás Maduro por la falta de equipamiento y la deteriorada infraestructura en que se encontraba el departamento de bomberos.
En el vídeo, mostraban a un burro recorriendo la estación de bomberos y bromeaban haciendo referencia a Maduro. Los funcionarios fueron acusados de los delitos de vilipendio contra el Presidente, instigación pública e incitación al odio.
Estos son algunos de los casos que han evidenciado la crítica situación en la que se encuentra Venezuela en el ámbito de la extinta “libertad de expresión”, en un régimen autoritario donde tan solo la acción de opinar puede ser una condena de la forma más literal.
El curioso regalito que le dio una alcaldesa chavista a los estudiantes universitarios https://t.co/oMjTR1fKX5 pic.twitter.com/hNgAqQ0LJx
— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) August 9, 2019
