Las autoridades negarán la residencia permanente a inmigrantes de bajos recursos que se benefician de prestaciones como los cupones de alimentos, vivienda subsidiada, ingreso suplementario del Seguro Social y el Medicaid, informó el lunes el gobierno de Donald Trump.
La decisión del gobierno de modificar y ampliar su definición de “carga pública” —una persona que se considera que dependa fundamentalmente del gobierno federal para vivir— es una de las medidas más agresivas tomadas por el gobierno hasta ahora para limitar la inmigración legal.
La nueva regla, que entra en vigor el 15 de octubre, favorece a inmigrantes de más recursos económicos que soliciten un estatus inmigratorio permanente y coloca en desventaja a los pobres, dijeron analistas y expertos. Las personas sujetas al proceso de determinación de “carga pública” son los que solicitan la residencia permanente o una visa, no la ciudadanía.
“Para alguien que sea de una familia de bajos recursos, es una desventaja enorme”, dijo Anne Swerlick, del Florida Policy Institute. “La nueva regla discrimina a familias inmigrantes de bajos ingresos y dificulta enormemente solicitar la tarjeta verde y diferentes tipos de visas. Esto cambia fundamentalmente el enfoque del país en materia de inmigración y hace del ingreso familiar y el uso potencial de servicios médicos públicos, cupones de alimentos y vivienda subsidiada una consideración central a la hora de decidir si una persona tiene la oportunidad de vivir en Estados Unidos”.
Funcionarios federales dijeron que la regla “asegurará que los extranjeros que tratan de establecerse en Estados Unidos —temporal o permanentemente— puedan mantenerse ellos mismos y depender sus recursos y los de su familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en vez de recursos públicos”.
Según la organización American Immigration Council, en 2017 en la Florida vivían unas 4.1 millones de personas que no eran ciudadanos estadounidenses, y 26% de ellos —unos 1.2 millones— se han beneficiado de algún tipo de servicios médicos, dinero en efectivo, alimentos y vivienda subsidiados.
Lo inmigrantes son en este momento una pequeña parte de los que reciben prestaciones públicas, en lo fundamental porque muchos no cumplen los requisitos por su estatus inmigratorio. Sin embargo, analistas dicen que la nueva regla probablemente tenga un impacto negativo sobre personas a las que la nueva directiva no está dirigida
Ese estudio señaló que unas 2.1 millones de personas en la Florida experimentarían los “efectos amedrentadores” de la nueva regla, entre ellos 609,000 niños. La mayor parte de esa población vive en los condados Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Esas cifras se basan en familias con al menos un integrante que no sea ciudadanos y que ganen menos de 250% de límite federal de pobreza.
“El temor de las familias a inscribirse en el Medicaid llevaría a pérdida de cobertura médica en toda la Florida y un menor acceso a los servicios médicos para toda la familia, incluidos niños nacidos en Estados Unidos”, indicó el informe de Protecting Immigrant Families. “Una menor participación de las familias de inmigrantes en a Florida en programas de subvención alimentaria pudiera llevar a un mayor nivel de pobreza e inseguridad alimentaria”.
En dos informes publicados en noviembre —cuando se trabajaba en el borrador de la nueva regla— el Florida Health Justice Project analizó el impacto de los cambios sobre las inscripciones en el programa de cupones de alimentos y la cobertura médica entre niños nacidos en Estados Unidos de familias en que uno de los padres no es ciudadano estadounidense en la Florida y sus principales zonas metropolitanas.
El informe indicó que unos 80,000 niños perderían los cupones de alimentos y más de 107,000 perderían la cobertura médica en la Florida porque se espera que los núcleos familiares no soliciten prestaciones por temor a su estatus. Más de la mitad de esas personas viven en la zona metropolitana de Miami. El análisis usó información de la American Community Survey de 2016.
“Primero, este análisis no incluye a los niños que en este momento cumplen los requisitos pero no están inscritos en el programa. Segundo, los efectos amedrentadores de los cambios en la regla sobre la carga pública probablemente son mucho mayores que lo que calculamos porque es un cambio dirigido directamente a los inmigrantes”, dijo.
Las cifras se basan en un cálculo de que entre 15% y 35% de los núcleos familiares con al menos un miembro que no sea inmigrante abandonarán el programa debido a temores. El estimado se midió sobre la base de “consecuencias no intencionadas” de la reforma de las leyes del bienestar social de los años 1990, dijo Childers, que no estaba dirigidas directamente a los inmigrantes, pero que llevaron a que muchas personas abandonaran la cobertura del Medicaid.
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— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) August 13, 2019
