Este lunes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegio de Abogados del país, se pronunciaron con respecto a los lamentables hechos que se registraron el pasado viernes 1 de mayo en el centro penitenciario Cepella, ubicado en Guanare estado Portuguesa.
Redacción Venezuela Al Día
A través de un comunicado, las instituciones condenaron los hechos ocurridos en el centro penitenciario de Los Llanos (Cepella), donde fallecieron 47 reclusos y otros 75 resultaron gravemente heridos.
“Expresamos en momentos de profundo dolor, nuestras sinceras condolencias a los familiares de los privados de libertad que perdieron la vida a manos de las personas encargadas de su custodia y protección en nombre del gobierno de facto. Igualmente, ofrecemos nuestro acompañamiento para exigir justicia y respeto a los derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales”, refiere el comunicado.
Asimismo, los organismos rechazaron una presunta fuga y revuelta que habría tenido como desenlace el enfrentamiento.
“Rechazamos las tesis de la fuga, revuelta, pelea o motín entre los internos, así como también el enfrentamiento con los custodios de la cárcel (…) Por cuanto ningún recluso fue encontrado en las afueras del penal, todos murieron o resultaron heridos dentro de las instalaciones del centro penitenciario, es decir, fueron masacrados por disparos provenientes del personal uniformado, que dado el alto número de víctimas muertas o heridas, es evidente la desproporcionalidad de reacción utilizada por los funcionarios hacia los presos”, detalla el texto.
Por último, insistieron que se publique a la brevedad, la identidad completa de las víctimas, tanto de los fallecidos como de los heridos, para que sus familiares tengan certeza de las condiciones de sus seres queridos.
Además, pidieron que los cadáveres sean entregados a los familiares para darles sepultura de acuerdo a la religión que profesan, y una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, a los fines de establecer la veracidad de los hechos.
“Conocer quiénes son los responsables materiales e intelectuales de las muertes y lesiones a los privados de libertad, de manera que sean puestos a la orden de la justicia(…) Solicitamos un pronunciamiento contundente por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Personas Detenidas en las Américas de la CIDH, repudiando y rechazando estos hechos, exigiendo justicia, y la no repetición de los mismos”, sentencia el texto.
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