El Ministerio de Trabajo de Ecuador dijo el jueves que más de 289.000 personas han sido desvinculados de sus empleos durante la pandemia del coronavirus, pero la cifra podría ser mayor por un aumento de la informalidad laboral, por lo que el Gobierno impulsa cambios para regularizar el mercado.
Reuters
La economía de Ecuador atraviesa problemas de liquidez por la caída del precio del crudo, agudizados por la pandemia que obligó al Gobierno a imponer duras medidas de restricción para contener el brote que suma más de 84.000 contagios.
Desde mediados de marzo hasta julio, unos 289.258 contratos de trabajo formales han sido finiquitados en el país, con una mayor afectación en los sectores de comercio, agricultura, manufactura, construcción y turismo, según el ministro de Trabajo, Andrés Isch.
La preocupación del Gobierno apunta a un crecimiento del trabajo informal, que antes de la pandemia bordeaba el 46,7% en el país, por lo que el Gobierno puso en vigencia una nueva modalidad para contratar personal por obra o servicio específico en un negocio existente.
“Que es lo que creemos que ha pasado en este tiempo: ese número de empleos informales ha crecido”, explicó Isch, sin dar cifras. “Buscamos formalizar el empleo en el Ecuador, contar con nuevas plazas formales ampliando las ramas de servicios, siempre garantizando los derechos laborales”, agregó.
Los nuevos contratos tendrían un plazo de duración de hasta seis meses y serán suscritos bajo los beneficios laborales previstos en ley laboral ecuatoriana como la remuneración, la previsión social y la jubilación.
Ecuador registró una tasa de desempleo del 3,8% y de subempleo del 17,8% en diciembre del 2019, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Los sindicatos han dicho que las medidas no son suficientes para contener los despidos y que el Gobierno está restando sus derechos laborales. Mientras que los empresarios han justificado la reducción en sus nóminas con la falta de liquidez de sus negocios por la pandemia.
El Gobierno recientemente puso en vigencia una nueva ley que autoriza acuerdos mutuos entre los trabajadores y empresas para modificar condiciones económicas, celebrar contratos emergentes y reducir la jornada laboral.
