Tras las deportaciones de venezolanos menores de edad por parte del gobierno de Trinidad y Tobago, quienes fueron separados de sus padres y enviados en bote a Venezuela; violando así la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención sobre Refugiados de 1951 y derechos de la niñez, el Parlamento condenó la actuación de las autoridades y plantearon denunciar a instancias internacionales el caso; conformar una comisión legislativa; y elevar una queja a la Mandataria de ese país, Paula Mae Weekesy y su primer ministro, Keith Rowley.
Al respecto, el Mandatario Interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, respalda la investigación del fuero legislativo e indicó que están en contacto con el Parlamento trinitario; así mismo y anunció que la Comisión Permanente de Política Exterior suscribió comunicaciones a los organismos competentes donde se manifiesta la urgente necesidad de hacer velar y respetar los derechos fundamentales de los migrantes y refugiados venezolanos.
Elevar una queja ante el gobierno trinitario
La petición fue hecha por la diputada Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión de Asuntos Fronterizos, quien solicitó al presidente encargado y del parlamento, Guaidó elevar una queja a la presidenta de Trinidad y Tobago y a su primer ministro, “por ser los responsables de la integridad y la vida de los niños venezolanos que deportaron y lanzaron al mar”, violando todos los tratados internacionales, la Convención de Cartagena que establece los derechos que goza un refugiado.
“Los venezolanos deben ser tratados como refugiados en todo el hemisferio”, sentenció la diputada quien al mismo tiempo, recordó “que los venezolanos huyen de un tirano para no morir de hambre, mengua o en la cárcel”. Por, eso pidió, la legisladora levantar la voz con vehemencia para que estas “atrocidades” que son víctimas los venezolanos, no vuelvan a ocurrir en ninguna parte del mundo.
