La crisis económica y el poco poder de compra del bolívar llevan a los trabajadores a exigir salarios en dólares y aunque no existe una norma legal que lo establezca, el TSJ ha dictado jurisprudencia en la materia. Sin embargo, sindicatos y empleados deben entender que la recuperación de la capacidad adquisitiva no depende del tipo de moneda en la que se exprese la remuneración.
La reconversión monetaria en agosto de 2018 condujo a un aplanamiento de las escalas salariales en la administración pública y apuntaló la hiperinflación de ese año. Desde entonces, los trabajadores han centrado sus demandas en dolarizar sus salarios.
Los contratos colectivos quedaron cercenados y hoy en día, quienes se ubiquen en el grado 1 de la clasificación perciben 1.200.000 bolívares y el profesional de más alto rango Bs. 3.500.000, dice Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) para El Diario.
Chile, Ecuador y Guatemala, en ese orden, exhiben los mejores niveles de salario mínimo de América Latina con un promedio equivalente a 400 dólares. En contraste, Venezuela figura en el último lugar con 1,68 dólares, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela de Bs. 710.701 vigente al 23 de noviembre de 2020, o de 1,24 dólares al tipo de cambio en el mercado paralelo de Bs. 967.349.
Para esa fecha, la remuneración básica de Bs. 1.200.000 —vigente desde el 1° de noviembre y aún por oficializar– no compraba ni medio cartón de huevos, cuyo precio era de Bs. 1.750.000. Mientras en Chile el 30% del salario mínimo de 422 dólares cubre la canasta alimentaria, en Venezuela apenas alcanzó para 3,7% de la cesta mínima alimentaria (15 productos) de septiembre, según el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).
Salario dolarizado
Ante la pérdida del valor de compra del bolívar por la constante depreciación del signo monetario y la persistente hiperinflación, los trabajadores, principalmente de la administración pública, han demandado dolarizar el salario o parte de él.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la finalidad del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas (…) Los salarios mínimos también pueden ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir la desigualdad (…)”. Pero nada más lejos de la realidad venezolana, en la que la economía del país se ha contraído dos terceras partes y su población se ha empobrecido aceleradamente en los últimos 7 años, al punto que 96,2% de sus habitantes es pobre por ingresos, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).
Siga leyendo en El Diario
Conéctate con nosotros y suscribete a nuestro espacio en Telegram https://t.me/VenezuelaAD
