Diez vacunas para el COVID-19 podrían estar disponibles a mediados del próximo año si obtienen la aprobación regulatoria, pero sus inventores necesitan tener protección por patente, dijo el viernes el jefe del grupo mundial de la industria farmacéutica.
Las vacunas de Pfizer y BioNtech, así como las de Moderna y AstraZeneca, han mostrado resultados prometedores en grandes ensayos clínicos, pero no se trata de tomar “atajos”, dijo Thomas Cueni, director general de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA).
“Esperaría que veamos algo similar con Johnson & Johnson, esperaría que veamos resultados positivos similares con Novavax y muchos otros, Sanofi Pasteur, GSK, Merck”, sostuvo.
Las grandes farmacéuticas y las empresas de biotecnología han invertido mucho en investigación y desarrollo y en impulsar la fabricación durante la pandemia para poder sacar al mercado dosis de vacunas, dijo Cueni en una conferencia de prensa en Ginebra.
Por esto, agregó, sería un error levantar la protección por patentes y tratar de fabricar vacunas que requieran una garantía de calidad tan compleja sin personal experto y procedimientos de control de calidad.
“Es de esperar que para el próximo verano (boreal) tengamos probablemente 10 vacunas que hayan demostrado su valor. Pero todas ellas realmente deben ser sometidas a un riguroso escrutinio científico por parte de los reguladores”, añadió.
En la Organización Mundial del Comercio (OMC), India y Sudáfrica han propuesto permitir una exención temporal para conceder licencias obligatorias a productos patentados durante la pandemia. Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza y otros han rechazado la iniciativa, según funcionarios comerciales.
Consultado sobre la propuesta, Cueni dijo: “Para mí, este cuestionamiento a la PI (Propiedad Intelectual) es principalmente político, lo que no ayuda porque envía señales muy negativas en términos de falta de respeto al sistema que permitió que el mundo reaccionara tan rápido y con tanta responsabilidad”.
Las plantas de fabricación de vacunas a menudo necesitan 50 empleados de control de calidad que realicen cientos de inspecciones durante la producción, explicó Cueni, que enfatizó que las empresas no se estarían aprovechando de la pandemia.
Cueni dijo que los archivos de la IFPMA muestran que nunca se había otorgado una licencia obligatoria para una vacuna y que casi todas las empresas miembro se habían comprometido a fijar precios “sin fines de lucro” o socialmente responsables durante la pandemia.
