Francisco Belisario, alcalde venezolano, general retirado y miembro del gobernante Partido Socialista, se hartó. Su mayor crítico local lo había acusado de estropear la respuesta al brote de coronavirus y de otros grandes problemas.
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En agosto escribió a un fiscal del estado y solicitó una “investigación exhaustiva” de su némesis Giovanni Urbaneja, un exlegislador y desertor del partido que se había convertido en una piedra en el zapato para el alcalde y otros funcionarios socialistas.
Urbaneja, escribió Belisario en una carta revisada por Reuters, estaba llevando a cabo una “feroz campaña de descrédito”, en Facebook y en otros medios. Urbaneja no solo lo difamó a él y al presidente Nicolás Maduro, escribió el alcalde. Violó la Ley contra el Odio de Venezuela.
La ley, aprobada en 2017 pero rara vez utilizada antes de este año, tipifica como delito las acciones que “incitan al odio” contra una persona o grupo. Había que acusar a Urbaneja de delitos de odio, imploró el alcalde al fiscal.
Días después varias decenas de agentes enmascarados allanaron su casa y lo llevaron a punta de pistola para “conversar”, según el informe policial de la detención y la esposa de Urbaneja. Urbaneja permanece preso a la espera de la formulación de cargos y el juicio.
El alcalde, en un mensaje de texto enviado a Reuters, confirmó su carta en la que solicitaba cargos por violación a la ley de odio contra Urbaneja.
Defendió su acción asegurando que la crítica de sus adversarios era injusta porque la respuesta local al coronavirus es administrada por el sistema nacional de salud, no por la oficina del alcalde.
Fue una maniobra cada vez más común: en un recuento de más de 40 arrestos recientes por la ley de odio, Reuters encontró que en cada caso las autoridades intervinieron contra venezolanos que han criticado a Maduro, otros funcionarios del gobierno o sus aliados.
A pesar de su mayor uso por parte de los fiscales, la ley de odio es considerada inconstitucional e ilegítima por muchos juristas venezolanos entrevistados. La ley no sólo viola el derecho a la libertad de expresión, argumentan, sino que fue promulgada ilegalmente, redactada y aprobada por una legislatura paralela que Maduro creó en ese momento para eludir la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
La semana pasada, la ley jugó un papel importante en una elección nacional, dicen los opositores de Maduro, al intimidar a los críticos que se habían pronunciado sobre el gobierno en el período previo a la votación.
La elección, ampliamente considerada una farsa por la oposición, los grupos de derechos humanos y la mayoría de las democracias occidentales, finalmente entregó el control de la asamblea, la última parte del Estado que no estaba alineado con Maduro, a los aliados del presidente.
Maduro ha ejercido la fuerza del Estado en crecientes formas para reforzar su control sobre el poder en el empobrecido país sudamericano, ahora en su octavo año de crisis económica.
Para reprimir a disidentes en empobrecidas barriadas, su gobierno despliega policías especiales, algunos de los cuales son criminales convictos, para realizar letales redadas e intimidar a los ciudadanos.
Para apaciguar a las debilitadas fuerzas de seguridad, la policía y las tropas con frecuencia son autorizadas a saquear, extorsionar y cometer delitos violentos. El propio Maduro ha sido acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo y otros presuntos delitos.
Ahora, con poca oposición efectiva para desafiar la legislación de odio y la mayoría de los tribunales controlados por jueces también leales a Maduro, la ley podría ser una herramienta aún más formidable contra la disidencia.
“Una norma en manos de un poder judicial que no tiene independencia, se presta para todo tipo de arbitrariedades y persecución”, dijo Alberto Arteaga, especialista en derecho penal de la Universidad Central de Venezuela. “La justicia penal venezolana ha sido utilizada como un instrumento contra la disidencia política”.
Tarek Saab, el fiscal jefe, es uno de los arquitectos de la ley del odio. En una breve entrevista telefónica, Saab rechazó las afirmaciones de que la norma se está utilizando con fines partidistas. Dijo a Reuters que la legislación es un instrumento importante para calmar los disturbios.
“Quedan totalmente desarmadas las voces de la violencia, del terrorismo, y del crimen”, dijo.
Saab se negó a discutir detalles de casos individuales revisados por Reuters.
El Ministerio de Información de Venezuela, responsable de las comunicaciones con Maduro y otros altos funcionarios, no respondió a las solicitudes telefónicas y por correo electrónico para obtener más comentarios. Los portavoces del Ministerio de Justicia tampoco respondieron a las consultas de Reuters.
Este relato del arresto de Urbaneja, y otros revisados por Reuters, se basan en registros judiciales no divulgados anteriormente y entrevistas con detenidos, sus familias y sus abogados.
Sus casos muestran cómo la ley general, pero poco entendida, se está utilizando con cada vez más éxito para encarcelar o intimidar a quienes todavía se atreven a hablar en contra del gobierno de Venezuela.
Un detenido era un profesor universitario que acudió a Facebook para culpar al gobierno de Maduro del colapso de la industria petrolera. Después de su arresto, los agentes hicieron circular una foto policial del académico que lo mostraba con su supuesta arma: un teléfono inteligente.
Los arrestos comparten similitudes. La mayoría de los objetivos han sido autores de publicaciones en redes sociales, salas de chat y servicios de mensajes de texto, muchos de ellos criticando la respuesta del gobierno al coronavirus.
En la mayoría de los 43 casos examinados por Reuters, la policía o los agentes de inteligencia detuvieron a los sospechosos bajo premisas falsas, alegando que querían discutir temas no relacionados.
Y los abogados, cónyuges y familiares de los detenidos generalmente dijeron que pasaron días o semanas sin poder comunicarse con los capturados, con poca o ninguna documentación de la policía o los fiscales.
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