La defensa del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió hoy al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) que imponga sanciones a Cabo Verde, que lo retiene desde hace nueve meses a petición de Estados Unidos.
El letrado nigeriano Femi Falana, defensor principal de Saab ante la CEDEAO, presentó una moción ante el tribunal, con sede en Abuya (Nigeria), en la que exige sanciones a Cabo Verde, nación perteneciente a ese bloque regional de países.
Falana argumentó que el país “no ha cumplido con sus obligaciones como Estado miembro de la CEDEAO ni con la sentencia vinculante” que la corte dictó el pasado día 15, informó el equipo legal del presunto testaferro en un comunicado.
En esa sentencia, recordó el abogado, el tribunal confirmó que el arresto de Saab, de 49 años, era “ilegal” y ordenó a las autoridades caboverdianas “que pongan en libertad inmediatamente” a su cliente.
La defensa solicitó que la Conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO sancione a los miembros del Ejecutivo de Cabo Verde “responsables de la violación de derechos humanos”.
Así, pide que se prohíba, entre otros, viajar a países del bloque al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, y a su primer ministro, Ulisses Correia e Silva, así como a sus familias.
La moción también aboga por medidas económicas como la suspensión de nuevos préstamos de la CEDEAO y la suspensión de los derechos de voto y participación en actividades de la organización.
El abogado presentó la moción después de que el pasado día 17 el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizara la extradición de Saab a Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero, aunque la defensa adelantó que apelará ese fallo.
El Supremo también consideró que Cabo Verde no está vinculado a las decisiones del Tribunal de Justicia de la CEDEAO.
Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de EEUU a través de INTERPOL, aunque la defensa sostiene que esa alerta se emitió después del arresto.
Venezuela adujo entonces que es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
El nombre de Saab salió en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser un testaferro de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con estos comités, cuyas ayudas se entregan a los más desfavorecidos, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se habrían lucrado con “cientos de millones de dólares”.
Washington también interpuso cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso. EFE
